Alza en agua pende de emisión de bonos

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúa intentando obtener una emisión de bonos de $750 millones para mejoras capitales, medida que sería la única que salvaría a los consumidores de un alza en la tarifa del agua, confirmó ayer el presidente de la corporación, Alberto Lázaro.

“La AAA tiene la capacidad para pagar sus deudas. Cabe señalar que la emisión de bonos es clave para evitar un aumento a corto plazo”, señaló Lázaro por escrito luego de que Jill Millstein, de Millstein & Co., la firma de reestructuración que asesora al Gobierno, diera por sentado un aumento en la tarifa durante su participación en la primera reunión del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico con los mayores acreedores de la Isla en las instalaciones de Citigroup en Nueva York.

El titular de la AAA minimizó las expresiones de Millstein afirmando que el modelo de negocios de la corporación pública “incluye posibles ajustes de tarifa” en caso de que no se logren las proyecciones.

Sin embargo, la AAA ha intentado desde febrero ir al mercado de bonos sin éxito y, tras el inicio del racionamiento de agua en mayo, ha tenido sobre $28 millones en pérdidas y su flujo de caja se sigue reduciendo. Por esto, ha tenido que cancelar contratos de mejoras capitales. Actualmente, sobre un millón de abonados se encuentran bajo racionamiento en la mitad este del país, que atraviesa una sequía entre moderada a severa. El tiempo seco se extendería hasta diciembre.

No dicen quiénes participaron

Por otro lado, para la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, la reunión con los acreedores “es un primer paso” de cara a la reestructuración de la deuda de $72,000 millones de la Isla. Asistieron 350 de los principales acreedores, mientras que 2,700 personas vieron la transmisión por Internet y otros 400 la escucharon vía telefónica. Sin embargo, los nombres de los participantes no se divulgaron, a pesar de que La Fortaleza tiene la lista, según confirmó una fuente a Metro.

Durante el encuentro, Acosta explicó a los acreedores que las medidas que ha tomado el Gobierno —como la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y las reformas en los Sistemas de Retiro— han sido insuficientes, ya que continúan con problemas para conseguir nuevo financiamiento, siguen siendo altos los costos de trabajo y poca la participación laboral, además de que la población sigue reduciendo.

Por eso, les solicitó colaboración para iniciar un proceso de reestructuración, ya que “un litigio largo y contensioso tendrá efectos nocivos en la economía y, por lo tanto, en los recaudos de impuestos”, que se utilizan para pagar las deudas, según dijo Millstein.

Previo a la presentación del informe de la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, Acosta indicó que el documento sería clave para delinear un plan fiscal a cinco años, pero afirmó que no seguirían todas sus recomendaciones. Agregó que crearán una junta de control fiscal con “las herramientas necesarias” para exigir al Gobierno que se encuentre al poder que cumpla con el plan establecido mediante negociación con los acreedores. De esta forma, darían “credibilidad” al plan fiscal.

Por su parte, Krueger insistió en que “lo que tiene que hacerse va a ser políticamente difícil”, pero hay “mucho espacio para ahorrar”.
Mientras la reunión transcurrió, miembros de la diáspora boricua en Nueva York protestaron frente al edificio de Citigroup en contra del informe Krueger.