Se avecina aumento en la tarifa del agua

Uno de los asesores del Gobierno lo confirmó en la reunión con los acreedores en Nueva York

Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina

12 jul 2015, 11:00 pm 3 min de lectura
Se avecina aumento en la tarifa del agua

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que por meses ha intentado tener acceso al mercado de bonos, se prepara para pagar sus deudas y aumentar la tarifa del agua en la Isla como medida para mejorar su flujo de efectivo, anunció hoy Jill Millstein, de Millstein & Co., la firma de reestructuración que asesora al Gobierno.

Sus declaraciones se dieron en la primera reunión organizada por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico con los mayores acreedores del país, realizada hoy a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de CitiGroup en Nueva York. Este grupo es el que tiene a su cargo el proceso de reestructuración y el plan fiscal a cinco años, según se lo ordenó el gobernador Alejandro García Padilla cuando aceptó que la deuda la Isla de $72,000 millones “es impagable”.

El aumento en la tarifa del agua se daría en momentos en que sobre un millón de abonados de la AAA se encuentra en planes de racionamiento de agua, que van desde 24 horas sin el recurso hasta 48 horas. Estos planes fueron instalados debido a la sequía que atraviesa una parte de la Isla, lo que le ha costado a la AAA $28 millones en pérdidas.

La reunión, transmitida por Internet, comenzó a las 3:00 de la tarde con la presencia de cientos de firmas de acreedores de la Isla, cuyos nombres no han sido informados por el Banco Gubernamental de Fomento. Hubo representación de la firma legal Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y del grupo financiero CitiGroup, que junto con Millstein, son asesores del Gobierno en este proceso.

En la reunión, la exdirectora del Fondo Monetario Internacional Anne Krueger presentó su informe sobre la situación económica del país, las razones por las que es necesario reestructurar la deuda y las recomendaciones al Gobierno de Puerto Rico de cara al proceso de reestructuración, que incluyen reducción de puestos de maestros, aumento en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico y cambios en las leyes laborales para reducir beneficios a los empleados.

“La situación macroeconómica de Puerto Rico va a continuar deteriorándose si no hay cambios drásticos en política pública”, expresó Krueger, quien destacó que las medidas tomadas por el Gobierno para impulsar la economía fueron insuficientes.

La economista señaló la dependencia de ayudas gubernamentales y el hecho de que estas ayudas a veces son mayores que el salario mínimo son uno de los principales problemas del país y la explicación para que solo el 40 % de la población apta para trabajar esté dentro de la fuerza laboral. Agregó que el Fondo General no refleja el déficit total de la Isla, ya que no incluye los problemas existentes en las corporaciones públicas.

“Lo que tiene que hacerse va a ser políticamente difícil” y “no hay camino fácil”, afirmó Krueger tras destacar que Puerto Rico debe reforzar sus instituciones fiscales, la transparencia gubernamental, reducir sus gastos en $2,000 millones para el 2021 y simplificar el proceso de permisos, entre otros.

De otro lado, la presidenta del BGF, Melba Acosta, inició la reunión ante los acreedores explicándoles que ha habido una reducción en los empleos del país en 25 % desde 2006 e insistiendo que la fórmula de emitir deuda para cerrar las brechas presupuestarias es “insostenible”.

Adelantó que “no esperamos implementar cada medida identificada por Krueger” en su informe, aunque “otras alternativas se explorarán”.

Fue en el turno de preguntas y respuestas que salió a relucir el aumento en el agua. Durante ese proceso, Acosta indicó que desde 2013 están en discusión con el Gobierno federal y que esperan que se involucre más en este proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que está próximo a comenzar.

“Tenemos que ser claros en que no estamos pidiendo una ayuda económica al Gobierno federal, sino que nos ayuden a implementar políticas de crecimiento económico y estabilidad fiscal”, sostuvo la titular del BGF tras insistir en la necesidad de que se incluya a las corporaciones públicas de la Isla en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, como solicita el proyecto HR 870 ante el Congreso.