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section: "Noticias"
author: "Cindy Burgos @Cindy_Andreina"
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published: "2015-07-10T03:00:00.000Z"
updated: "2022-02-19T18:07:44.265Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
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# Difícil reclamo al Supremo federal por quiebra criolla

_“Es cuesta arriba que el Supremo federal expida un certiorari… (Pero) quedarse con los brazos cruzados es permitir que se siga discriminando contra los…_

Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina · Noticias · 2015-07-10T03:00:00.000Z

“Es cuesta arriba que el Supremo federal expida un certiorari… (Pero) quedarse con los brazos cruzados es permitir que se siga discriminando contra los puertorriqueños”.—Antonio Sagardía, exsecretario de Justicia, respalda el reclamo del Gobierno de Puerto Rico

El secretario de Justicia, César Miranda, confirmó ayer que el Estado Libre Asociado radicará ante el Tribunal Supremo una petición de certiorari para reclamar la constitucionalidad de la Ley 71 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida como la quiebra criolla.

Esto en respuesta a la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que decidió el pasado 6 de julio que la Ley 71 es “inconstitucional” y que es el Congreso federal el que debe decidir si las corporaciones públicas de la Isla pueden o no tener acceso a una quiebra.

Sin embargo, las probabilidades de que el Supremo otorgue este recurso discresional son pocas, según dos expertos consultados por **Metro**.

Por un lado, el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía favoreció la determinación del Gobierno por entender que “es lo menos que se puede hacer ante una ley (la Ley federal de Quiebras) que es discriminatoria, porque cuando nos sacaron de los beneficios de esa ley (del capítulo 9) no hubo ninguna explicación, independientemente de que sea campo ocupado por el Gobierno federal mediante legislación”.

De esta forma coincidió con Miranda, quien dijo que, tras un análisis ponderado, reclamarán que “Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la Isla de la aplicación del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras”.

“No hay ambiente en este momento (en el Congreso) para enmendar la Ley federal de Quiebras… Si los políticos no hacen nada en el Congreso por evitar el discrimen, le compete a la Rama Judicial (actuar)”, sostuvo Sagardía, que reconoce que es “cuesta arriba” el reclamo ante el Supremo federal, pero “quedarse con los brazos cruzados es permitir que siga el discrimen”.

Por otro lado, el analista y abogado John Mudd consideró que las probabilidades de que el Supremo federal otorgue el certiorari, que no es una petición “sencilla”, son tan “pocas” que será casi malgastar entre “$50,000 y $100,000” en el reclamo para no tener resultados. “Si no eres del Gobierno federal ni hay un conflicto entre circuitos (que son los que más obtienen los certiorari) aquí no te lo van a dar. Es poco probable”, dijo.

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