Justicia irá al Supremo a reclamar constitucionalidad de la quiebra criolla

Esto en reclamo a la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que decidió el pasado lunes, 6 de julio, que la Ley 71 es “inconstitucional” porque es el Congreso de Estados Unidos el que debe decidir si la isla puede tener o no acceso a una quiebra.

Tras un “análisis ponderado”, el secretario de Justicia concluyó que “Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal”.

La acción también responde a las expresiones conjuntas del presidente del Comité de lo Jurídico, Bob Goodlatte, y el presidente del Subcomité para la Reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio de la Cámara federal, Tom Marino, quienes ayer manifestaron que ese comité del Congreso de Estados Unidos no tiene los votos para aprobar el proyecto HR-870, para incluir a la Isla en el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

El Gobierno cuenta con un término de 90 días para radicar la petición de certiorari ante el más alto foro judicial de Estados Unidos.

El lunes, Miranda se expresó “decepcionado” con la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston por entender que su decisión “es errada” y “sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional, continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico”.

“Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Por tratarse de un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislación en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones públicas”, sostuvo.

El gobernador Alejandro García Padilla dijo ayer que esperaría el análisis jurídico de Justicia antes de expresar si acudirían al Supremo federal, pero sostuvo que es posible que el Congreso de Estados Unidos decida no actuar sobre el HR-870, de la autoría del comisionado residente Pedro Pierluisi, por entender que hay un proceso en los tribunales relacionado a ofrecer la quiebra para las corporaciones públicas de Puerto Rico.

Sin la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal o sin la Ley 71 de 2014, las corporaciones públicas de la isla se quedan desprovistas de un proceso ordenado en caso de no poder pagar a sus acreedores.