Gobierno no descarta reducir jornada laboral

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, afirmó hoy que la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos continúa sobre la mesa dependiendo del flujo de efectivo del Gobierno, el cual se verifica mes tras mes, por lo que insistió en la necesidad de realizar algunas transacciones, como la emisión de bonos, para garantizar los ingresos del fisco.   “No hemos descartado ese asunto (reducir la jornada laboral), que va a depender del flujo de efectivo que tenga el Gobierno mes tras mes. El flujo de efectivo para el mes de julio esperamos cumplir con los servicios a la ciudadanía… La prioridad es no reducirle a las áreas de seguridad, educación y salud”, expresó Suárez en una rueda de prensa en La Fortaleza. Para garantizar el flujo de efectivo, el funcionario indicó que espera que “a principios de agosto” se obtengan $400 millones producto de la inversión en Notas de Anticipación de Impuestos (Trans, en inglés) por parte de tres corporaciones públicas. Esto es al menos una tercera parte de los $1,200 millones que se afirmó necesita el a Gobierno para operar en el primer trimestre. Esta emisión será posible gracias a la conversión en ley del Proyecto de la Cámara 2542, que autoriza a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, al Seguro de Incapacidad No Ocupacional Temporero y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos a adquirir Trans, unos préstamos a corto plazo que, por la situación fiscal, no podrán ser adquiridos por el Gobierno, que suele cada año fiscal operar al principio con este dinero. “Ya inicio ese proceso. Toda la parte legal se ha ido trabajando. Debe estar a punto de firmarse los próximos días”, sentenció Suárez sobre la emisión de Trans por parte de estas tres corporaciones públicas. De otro lado, el funcionario sostuvo que continúan en negociaciones con los acreedores para garantizar la emisión de $2,950 millones en bonos, que se supone se repagaría con el dinero del aumento del impuesto al crudo (la crudita), y que espera que esta transacción se pueda efectuar en o antes de septiembre, cuando culmina el primer trimestre del año fiscal. “La emisión, como hemos hablado en otras ocasiones que he estado aquí, es muy difícil. Las condiciones que se están planteando para esa emisión no son favorables para los puertorriqueños. Ellos han enviado comunicaciones a nosotros donde están dispuestos a cambiar esas condiciones, a negociar esas condiciones, y nosotros seguimos abiertos a ver cómo se da ese proceso de negociación. Ciertamente, el Gobierno sigue abierto a dialogar, pero no ha habido, más allá de lo que hemos planteado anteriormente, ningún momento adicional”, expresó Suárez. El secretario de la Gobernación no quiso entrar en los detalles de lo que ocurriría si estas transacciones no se dan, pero indicó que la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, esta trabajando “otras medidas” al respecto, como el intercambio de notas del BGF de entre $250 a $300 millones. La emisión de bonos se supone que sea para pagar la deuda de sobre $1,000 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación con el BGF. La emisión la realizaría la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, ya que la ACT no tiene una buena salud fiscal como para ir al mercado de bonos.