Columna de Hiram Guadalupe: Vientos neoliberales

Con dos años y medio de tardanza, el gobernador admite la semana pasada que la deuda pública es impagable, que urge la necesidad de renegociar con nuestros acreedores y que la forma en que se ha conducido el gobierno a lo largo de las últimas décadas es insostenible.

Ausente de un plan específico y coherente, nos dice que hay que reducir el gasto público y ajustar el presupuesto del gobierno porque la tendencia de los años recientes ha reflejado un patrón de recaudos muy por debajo del ritmo de las proyecciones económicas pronosticadas por los expertos financieros del Estado.

En consecuencia, se aprueba un presupuesto que reduce los fondos asignados al Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Servicios de Salud.

La arquitectura de un presupuesto balanceado, como el que ordenó la Cámara de Representantes protegiendo los recursos destinados a servicios esenciales y reduciendo la asignación del Banco Gubernamental de Fomento para obligarlo a renegociar su deuda, se desvaneció en el Senado ataviado de un discurso liberal de nuevo cuño. El panorama se agrava.

Cierto es que nadie en el país está conforme con el estado de situación que vivimos. En la calle, los murmullos de preocupación se han transformado en gritos de inseguridad porque, ante todo, persiste la preocupación ante la incapacidad manifiesta de los regentes del gobierno para manejar la crisis y articular respuestas certeras.

Desde el gobierno, en tanto, se escuchan a los gurús de las finanzas públicas profesando explicaciones vacuas al momento de abordar las dimensiones de esta crisis. Nos hablan, entre otras cosas, de austeridad fiscal, de lo costoso que resulta mantener la operación del gobierno, de los problemas derivados por la alegada ausencia de espíritu empresarial nacional y lo oneroso que resulta para la inversión privada el excesivo intervencionismo del Estado en asuntos económicos.

Conforme a esta ecuación, la salida hacia la estabilidad económica, a juzgar por las expresiones del gobernador y sus más cercanos colaboradores, debe ser la reducción de la jornada de trabajo de empleados gubernamentales, descarrilar la inversión pública y dar impulso a la inversión del sector privado apoyado con políticas públicas de ajuste fiscal que van de la mano de una reforma laboral para viabilizar la gestión industrial y empresarial.

Entrelíneas, de lo que se habla es del poder del mercado en el desarrollo económico y social y la primacía que debe tener el sector privado sobre el sector público, lo que se consigue desmembrando la función social del Estado y mediante la promoción desmedida de exenciones contributivas a inversores millonarios y políticas de privatización, que en nuestro eufemismo de moda se conoce como Alianzas Público Privadas.

En síntesis, asistimos a un momento en el que el gobierno, aun cuando ha calificado la deuda de impagable, parece estar dispuesto a ceder ante los reclamos del mercado al costo que sea. Son tiempos en los que el ideario de beneficencia y sociabilidad sobre el que se ha sostenido nuestro ordenamiento gubernamental corre el riesgo de esfumarse y eso tendrá efectos sobre los sectores profesionales, trabajadores y la población en general.

La lectura que se desprende de los discursos que se han pronunciado esta semana desde La Fortaleza es que la ruta a seguir por el gobierno, amparado en el discurso de “la indispensable austeridad”, va en dirección al desmantelamiento de la protección social y una drástica reducción de los servicios públicos.

La consecuencia será un aumento de las desigualdades sociales y un mayor empobrecimiento de la población. Los vientos soplan hacia un nuevo orden socioeconómico en el que el mercado habrá de imponer su poderío.

Ante esto, se hace urgente viabilizar nuevos espacios de participación política que articulen propuestas nuevas y diferentes a las que impulsa el gobierno y los políticos de turno.