Juez federal advierte cárcel al alcalde de Ciales
El juez federal José Antonio Fusté advirtió ayer al alcalde de Ciales, Juan Rodríguez Pérez, que podría cometer desacato e incluso ser encarcelado si no cumple…
El juez federal José Antonio Fusté advirtió ayer al alcalde de Ciales, Juan Rodríguez Pérez, que podría cometer desacato e incluso ser encarcelado si no cumple con su orden de reinstalar e indemnizar en sobre un millón de dólares a 13 empleadas municipales que fueron discriminadas por su afiliación política.
Así lo reveló hoy el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
De acuerdo con la orden emitida ayer, las 13 empleadas fueron discriminadas de manera “maliciosa, abierta e imprudente” por parte del alcalde de Ciales, tan pronto el Partido Popular Democrático (PPD) ganó las elecciones municipales en 2012.
De acuerdo a la sentencia, las 13 empleadas, que se desempeñaban como maestras, asistentes de maestros, secretarias y cuidadoras de niños, fueron contratadas hace 11 años desde la creación del programa, y según Rodríguez Aguiló “fueron despedidas únicamente porque estaban afiliadas al PNP”.
La sentencia indica que “las acciones del alcalde se tomaron en total desprecio de los principios básicos de la ley. El discrimen fue intencional, malicioso, flagrante, abierto e imprudente… Sus acciones se tomaron en total menosprecio del excelente récord de las empleadas”.
Indica además que de manera “descarada, cruda e irresponsable”, el señor Arocho, quien fungió como director de campaña del alcalde, confeccionó la lista de las 13 empleadas que debían ser despedidas del programa que, como cuestión de hecho, se nutre de fondos federales.
El representante Rodríguez Aguiló coincidió con la apreciación de que la evidencia contra el alcalde fue devastadora, tal como lo expresó Fusté.
“Estas empleadas fueron despedidas sólo por ser del PNP y en el tribunal federal desfiló abundante prueba de que tanto el alcalde como otros allegados se dieron directamente a la tarea de buscarles sustitutos afiliados al PPD, aunque no cumplían con requisitos tan básicos como la educación necesaria”, dijo el representante.
Agregó que “tampoco se les solicitó documentación tan sensitiva como prueba de que no figuraban en el Registro de Ofensores Sexuales, indispensable para trabajar con niños. Como dijo el juez Fusté, la prisa era obvia”.
El alcalde Rodríguez Pérez se sentó a testificar la semana pasada en este caso y aunque dijo reconocer que el discrimen por afiliación política es ilegal, “no pudo, por más que intentó, ocultar que sí lo hizo”.
“Este tribunal no puede pasar por alto esta realidad… Suficiente es suficiente”, expresó Fusté en la orden.
Rodríguez Aguiló detalló que el jurado le otorgó compensaciones económicas -y reinstalación- a Blanca Vázquez Burgos, Nadianet Guadalupe Santos, Margarita Rodríguez Grau, Blanca Olivo Miranda , María Rivas Miranda, Luisa Acevedo Rivera, Rebecca Ortiz Ortiz, Felícita Rivera Cruz, Alba Figueroa Otero, Nilsa Miranda Rosario, Nancy Ortiz Lorenzana, Wanda Vázquez Burgos, y a Myrta Serrano Cruz.
Las demandantes deberán ser reinstaladas en un término no mayor de 10 días y la indemnización millonaria debe ser pagada en su totalidad en o antes de 30 días, “so pena de desacato civil, incluyendo la consecuencia del encarcelamiento a tenor con las reglas civiles de desacato”.
“Me alegra que estas empleadas municipales hayan encontrado justicia en el tribunal, la que les negó el alcalde con su discrimen y persecución”, expresó Rodríguez Aguiló.
