Gobierno pide unión de sectores al insistir en que la isla "está insolvente"

“Esta es la crisis más difícil que hemos vivido en los últimos años, por eso la importancia de convocar a los diversos sectores del Gobierno para tener un primer encuentro de muchos que vamos a tener de hoy en adelante para atender la difícil situación fiscal”, expresó Suárez al dar comienzo a la reunión convocada por el gobernador Alejandro García Padilla para presentar el “informe Krueger”, que insiste en que Puerto Rico está insolvente, debe reestructurar su deuda y tendrá que aplicar complicadas reformas en diversos sectores.

El encuentro comenzó a las 2:25 de la tarde y se extendió por casi dos horas. Se dio sin la presencia del gobernador, quien estaría emitiendo un mensaje a los puertorriqueños a las 5:30 de la tarde con el plan a seguir de acuerdo al informe.

“Si no hay un consenso de país, es muy difícil que estas reformas que se tienen que dar ocurran. Es tiempo de que cada sector eche a un lado los intereses particulares y empecemos a pensar en Puerto Rico primero”, manifestó Suárez al concluir la presentación del informe, que costó $400,000.

Entre las conclusiones del informe, presentado en el foro por la propia Krueger, se destaca que la magnitud de la deuda es mayor a la que se pensaba, ya que esta evalúa al Gobierno como un todo que no solo cuenta las deudas del fondo general, sino a las de las corporaciones públicas.

“Nos establece claramente que si seguimos atendiendo el lado fiscal en 10 años vamos a duplicar la deuda de $70,000 millones a $140,000 millones”, dijo Suárez sobre otra de las conclusiones del informe, que insiste en la necesidad de una reestructuración de la deuda pública junto con reformas estructurales, sobre todo en los aspectos laborales, para lograr un crecimiento económico. 

Además, insiste en la necesidad de volver a tener credibilidad institucional para lograr un acuerdo con los acreedores. 

“Puerto Rico, como dijo Krueger, está insolvente. Debe más de $100,000 millones a sus acreedores, incluyendo $30,000 millones en deudas de pensiones y quizás más. Ya no puede pagar sus deudas próximas a vencer. Pronto se quedara sin dinero para operar y pagarle a sus empleados, y sus residentes y comercios sufrirán porque el Gobierno tendrá que reducir servicios esenciales”, expresó, por su parte, el juez federal Steven Rhodes, quien llevó el proceso de quiebra en Detroit y es actualmente asesor del Gobierno en estos temas.

Según Rhodes, “Puerto Rico necesita urgentemente nuestra ayuda para enfrentar esta situación extraordinaria. El Congreso debería facilitarle a Puerto Rico los mismos mecanismos de ayuda disponibles a prácticamente cualquier entidad o persona insolvente en esta nación, ayuda bajo nuestras leyes federales de quiebra. Y debería hacerlo con la urgencia que el problema amerita. El caso de Detroit demuestra que el proceso de quiebra puede ser efectivo,medicine te y justo para enfrentar los retos de Puerto Rico”.

Actualmente, el Gobierno lidera distintas discusiones en el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca para que el proyecto HR-870, de la autoría del comisionado residente, Pedro Pierluisi, sea aprobado. Esta medida propone que las corporaciones públicas puedan acogerse al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras para evitar situaciones como las que enfrenta actualmente la Autoridad de a Energía Eléctrica. Esta última atraviesa un proceso de reestructuración liderado por la oficial Lisa Donahue.

Oposición y sindicatos molestos con el informe 

Pero la presentación del informe no estuvo lejos de la controversia. Líderes sindicales que llegaron a escuchar el informe se fueron en medio de la presentación por entender que “no ha venido ninguna receta nueva para levantar al país” y no quieren ser cómplices de unas recomendaciones que tendrán el efecto de llevar al país “a la pobreza”, según expresó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo. 

“Esto trasciende el movimiento sindical. Esto es llevar a cada trabajador puertorriqueño a la pobreza y la miseria”, agregó el líder sindical, que considera que las recomendaciones del informe Krueger serán parte del plan fiscal que el gobernador anunciará e incluirán “reducción de salario, mayores impuestos” y “eliminación de derechos laborales”.

Por su parte, la portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Jenniffer González, que llegó con el resto de los legisladores a mediados de la presentación, consideró que el informe Krueger no toma en cuenta la realidad político jurídica del país, ya que recomienda cosas que dependen del Gobierno federal, como no aplicar el salario mínimo federal, eliminar ayudar federales o pedir que se exima a la isla de las leyes de cabotaje. 

“El presupuesto se aprueba entre hoy y mañana, ¿van a incluir estas recomendaciones o lo hacen justo un día antes de que cierre el año fiscal? Eso me parece que es atropellado y evidencia que nunca hubo una intención real de cuadrar el presupuesto y sí vetarlo… Estamos en disposición de colaborar, pero ciertamente hay que dar la cara al país. El ‘me vale’ del gobernador le ha costado al país”, afirmó González.