Columna de Hiram Guadalupe: Justo dictamen

Esta decisión se hace eco de la hermosa consigna que clama “todos los derechos para todos los amores”. A partir de este momento, el Estado en Puerto Rico tendrá que hacer disponible la opción del matrimonio para toda la ciudadanía sin poder discriminar por la orientación sexual de quienes deseen, por libre voluntad, casarse.

La determinación judicial es, ante todo, un paso gigantesco a favor de los derechos humanos, civiles y sociales de los ciudadanos y ciudadanas. Esta sentencia, además, va aplacando las huellas del discrimen al que se ha enfrentado la comunidad LGBTT.

Mas no basta con la decisión del máximo foro de jueces federales para erradicar los prejuicios y discriminaciones que aún permean en nuestra sociedad, en especial contra quienes optan vivir el amor a su manera. Hace falta un esfuerzo adicional para conformar una conciencia colectiva inclusiva, más justa y sin odio.

Por eso, hay que denunciar las voces que, desde púlpitos religiosos, han estado atacando este dictamen amparándose en preceptos ortodoxos, desatando una furia desmedida contra quienes defendemos el reclamo histórico a favor del respeto y la equidad.

Ese ensañamiento de algunos religiosos, quienes también presumen de visos proféticos, le hace daño al país y, más allá de pretender enclaustrarnos ideológicamente en zonas de ignominia, se distancia de la defensa que los buenos cristianos profesan a favor del amor al prójimo.

Para enfrentar esta decisión judicial, estos grupos se han refugiado en el discurso del pecado, insistiendo en que el matrimonio, en tanto institución, solo puede ser concebida entre un hombre y una mujer porque, arguyen, otra forma de entenderlo “destruye  la riqueza de la complementariedad de los sexos y priva a la prole de la figura paterna o materna”.

En ese mismo tono acusan a los jueces del Tribunal Supremo de “imponer sus valores sobre la sexualidad humana al resto de la nación”, insistiendo en afirmar que “el matrimonio es una institución fundamentalmente sexual y es una realidad biológica de que el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro” por lo que otra forma de entenderlo nos catapultaría en “conductas sexuales peligrosas”.

¿Absurdo, verdad? Así lo han afirmado y sostenido quienes presionan con el poder que les confiere ciertos escenarios religiosos. El eje de esa sórdida argumentación gira en torno a la defensa de “la familia”, asumida esta como una organización social restricta que, en el alivio de sus pesares, es definida por sobrias y puritanas lecturas bíblicas.

El resultado, como bien lo ha expresado en varias ocasiones el destacado teólogo Luis Rivera Pagán, convierte a sus iglesias en bastiones del discrimen, la exclusión y la homofobia.

En contraposición a esa obstinación religiosa se posiciona el impulso que ha tomado la lucha por la igualdad de la comunidad LGBTT que, en un paso agigantado y gratificante, esta semana celebró la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La determinación que ha tomado la judicatura federal debe ser considerada seriamente para que reflexionemos en torno al rumbo que debemos tomar, como sociedad puertorriqueña, para atemperar nuestras leyes a una nueva realidad.

Así las cosas, se hace urgente la revisión de nuestro Código Civil, como ya se ha propuesto. También es momento para que la Legislatura concluya la discusión en torno a las normas de adopción de infantes entre parejas homoparentales.

Pero lo más importante, es la concertación de esfuerzos gubernamentales, privados y de la sociedad civil para avanzar en una campaña de concienciación contra el odio, la burla y el acoso contra quienes opten amar libremente al ritmo que le dicte sus corazones y sus conciencias.