Casi inminente un impago en la isla

Luego de varias reuniones con asesores en Nueva York, el gobernador Alejandro García Padilla convocó para hoy a la 1:30 de la tarde una reunión con todos los alcaldes y legisladores del país para discutir “una presentación sobre asuntos fiscales”, confirmó a Metro el oficial de prensa del primer ejecutivo, Jesús Manuel Ortiz.

Pero la versión de que en este encuentro se podría anunciar otra medicina amarga ante un posible escenario de inminente impago, con excepción de la deuda del Gobierno central (GOs) —garantizada por la Constitución—, sigue tomando auge entre los analistas de la isla y el exterior.

La portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Jenniffer González, anticipó ayer que hoy se presentará el informe que el Gobierno le solicitó a varios execonomistas del Fondo Monetario Internacional, liderado por la exdirectora del ente Anne Krueger, y que este podría recomentar “la ruta del impago”, lo que “viola la Constitución de Puerto Rico”.

La legisladora sostuvo que “nos convoca en un momento que ya no queda tiempo para dialogar, escuchar o consultar”, pero que asistirá para exigir respeto al PNP. Agregó que la reunión anticiparía un mensaje del Ejecutivo a las 5:00 de la tarde, pero esto no fue confirmado por Ortiz.

En cambio, la Federación de Alcaldes, que integra a los alcaldes del PNP, solicitó a sus representados que no asista a la reunión.
“Sería una segunda dosis de medicina amarga. La reducción de la jornada laboral es una de las alternativas”, aunque no haya despidos, anticipó el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kermit Lucena.

“No vas a llamar a los legisladores y alcaldes si no vas a decir algo bien apocalíptico. Esta semana va a ser crítica”, predijo el abogado constitucionalista John Mudd. “Es probable que ocurra (el impago de la deuda). Analistas financieros en Wall Street han dicho que es altamente probable que Puerto Rico deje de pagar”, agregó. Este escenario, anticipó, provocaría un sinnúmero de demandas, tanto de acreedores como de suplidores, lo que daría tiempo al Gobierno de defenderse y retrasar el pago, pero terminaría siendo detrimental para el país.

Pero para la economista Marta Quiñones, el impago no debería ser uno de los escenarios “porque se han hecho todos los ajustes que se han requerido” y se han colocado nuevos impuestos, como solicitó el equipo fiscal del Gobierno. Si llegara el impago, dijo, debería requerirse la renuncia del equipo fiscal por no ofrecer la información correcta.

En julio, cuando aumenta el IVU, vence una deuda de $400 millones en la Autoridad de Energía, y otros $655 millones en GOs.