OGP confirma transferencia de empleados con consolidación de procuradurías
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, defendió hoy la consolidación de las procuradurías en una Defensoría de Derechos Humanos…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, defendió hoy la consolidación de las procuradurías en una Defensoría de Derechos Humanos (P. del S. 2464) debido a que no solo generaría $3.5 millones en ahorros, sino que se crearía una “estructura de vanguardia que brindará mayores protecciones a los derechos” y se salvaguarda el acceso a los fondos federales que reciben.
Aunque negó que haya despidos con la nueva Defensoría, como alegó la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, el titular de OGP confirmó que habrá transferencia de empleados a otras agencias, ya que se reduciría a una la estructura administrativa y financiera.
“Algunos pasarán a trabajar en otras agencias”, sobre todo directores de Finanzas. “Eso representa un ahorro porque no vas a reclutar más empleados porque tenemos otras agencias que necesitamos personal”, expresó Cruz en una rueda de prensa en La Fortaleza.
En la nueva estructura, las cinco procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles se convertirían en seis defensorías asociadas para componer la Junta para la Defensa de los Derechos Humanos. Cada una de estas tendría un consejo directivo compuesto por nueve miembros, tres nombrados por el gobernador y el resto recomendados por las partes de interés. Esto, según Cruz, no trastoca la autonomía de las entidades y reduce la influencia política en estas.
Aunque se trata de 54 nuevos nombramientos, Cruz sostuvo que no constituirá en un gasto adicional, ya que estos no recibirían un salario, sino que cobrarían unas dietas por participar de las reuniones, como ocurre en otras juntas directivas. La cantidad en dietas no pudo ser precisada.
Como los procuradores ahora pasarían a ser defensores, el funcionario explicó que su permanencia en la jefatura de las defensorías asociadas “va a estar en función de los nueve miembros que constituyan los consejos directivos”. Si permanecieran, sus salarios, que fluctúan en los $105,000, se reducirían, ya que se “estabiliza” el sueldo a $89,600 por defensor, cantidad similar a la que reciben los jueces superiores.
Si bien solamente las procuradurías de la Mujer, Personas de Edad Avanzada y Personas con Impedimentos son las que reciben fondos, el titular de OGP insistió en que con la consolidación “no debe haber preocupación sobre fondos federales” porque ya han consultado al respecto.
Específicamente, Cruz presentó una carta del Departamento de Salud federal con fecha del 2 de febrero de este año en la que se señalan distintas deficiencias en la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) que ponen en riesgo los fondos federales, por lo que avalaron cualquier reforma en la estructura de la entidad.
Entre los señalamientos destacaron que la agencia solo cuenta con dos abogados de sobre 70 empleados y ninguno está autorizado para llevar casos en el ámbito federal. De esos empleados, hay alrededor de 50 cuya función es “incierta” en torno a la administración de los fondos federales, dice la carta.
Al momento, los procuradores de Edad Avanzada, de las Mujeres y del Paciente han mostrado oposición a la medida por considerar que pondría en riesgo los fondos federales y no constituiría en un ahorro real o en mejoras al servicio a la gente.
