Cuesta arriba pleito legal por recortes a Medicare Advantage

El abogado Carlos Ramos González, experto en derecho constitucional, estableció que “si se trata de impugnar la constitucionalidad de la ley del Congreso porque en la ley que autoriza esos fondos hay un discrimen contra Puerto  Rico, pues eso es cuesta arriba porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE. UU.)  por lo menos en dos  ocasiones ha dicho que —contrario a lo que podría ser con relación a un estado— el Congreso puede discriminar para asignar fondos a Puerto Rico bajo el poder que le da la cláusula territorial”.

Los casos a los que hace referencia el licenciado son Harris vs. Rosario (1980) y Califano vs. Torres (1978); en ambos el Tribunal Supremo de EE. UU. resolvió que la cláusula territorial le otorga al Congreso el poder de hacer todas las leyes que considere necesarias en cuanto al territorio bajo su poder. Además, agrega que el congreso puede tener un trato distinto con la isla, siempre  y cuando establezca una justificación racional para hacerlo. 

Por su parte, el abogado y analista John Mudd, coincidió en que bajo este argumento no hay posibilidades de que “hagan nada” porque “el Congreso puede hacer por Puerto Rico lo que quiera siempre y cuando no sean derechos fundamentales y haya un nexo racional” para justificar la determinación.

Ambos letrados coincidieron en que el panorama es un poco menos sombrío si el argumento va dirigido a cuestionar cómo el Departamento de Salud de EE.UU. está interpretando o aplicando la ley. “Si lo que están cuestionando no es la ley, sino la manera como el Departamento de Salud está interpretando o aplicando la ley porque está aplicando en los fondos una matemática errónea ­—como he escuchado— ahí hay más posibilidades  que impugnar directamente la constitucionalidad de la ley”, indicó Ramos González. 

Asimismo, Mudd estableció que “aquí es un poquito más fácil, pero es bien difícil”.  Sin embargo, el letrado fue enfático al decir que “de ninguna manera que yo lo veo eso tiene probabilidades de triunfo”.
Entretanto, el secretario de Justicia, César Miranda, indicó que “no he estudiado ese punto legal”. Sostuvo que “quizás el argumento se pueda gestar en el ámbito de igual protección, quizá. Tienes que

elaborar bastante, pero no he estudiado el punto y no puedo dar un parecer porque sería irresponsable”.
Mientras tanto, el gobernador Alejandro García Padilla, quien esta en Washington, aseguró que  “esa injusticia la vamos a combatir y yo voy a seguir trabajando con una coalición del sector privado —una coalición no partidista— que está trabajando desde Washington para subsanar esa injusticia que el Departamento de Salud de Estados Unidos está cometiendo con nuestros viejos. Yo tengo la mejor relación con el presidente Obama y la voy a continuar teniendo, pero lo que es injusto es injusto”.

Aviso sobre aseguradoras

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, instó al Gobierno a estar pendiente a que las compañías aseguradoras no se aprovechen del recorte del 11 % de fondos federales de MA para “abusar” de los pacientes ni de los proveedores.

“Con esta baja no es que se van a quedar ‘quebrás’ como están tratando de percibir y que tienen que hacer cambios dramáticos en contra de los proveedores y los pacientes, porque no tienen chavos. No es verdad. Es que sus ganancias, en vez de ser de 8 o 10 %, probablemente van a ser 6 % y para algunos inversionistas eso no es suficiente”, dijo Ramos sobre el efecto del recorte que supone 300 millones de dólares menos anuales para el programa de salud.

El líder de los médicos señaló que las aseguradoras deben ser justas, a pesar que estas buscarán mantener sus ganancias, sueldos exorbitantes de oficiales, gastos de contratistas y publicidad “a costa de dar peores servicios a los pacientes y ofrecer productos más limitados y botar proveedores o pagarle menos cuando ellas van a seguir teniendo ganancias millonarias”.