Cámara consigue votos para salvavidas al BGF

La Cámara de Representantes aprobó ayer en una votación partidista el Proyecto del Senado 1350, que enmienda la Ley del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con el propósito de que los activos líquidos de las agencias y corporaciones sean transferidos a esta institución financiera y para eliminar la disposición que hoy en día aplica sanciones penales a los funcionarios que lo lleven a la quiebra.

Aunque el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo ayer en la mañana que buscaban  que la medida tuviera el aval de la delegación del Partido Nuevo Progresista, estos votaron en contra. Los representantes Luis Raúl Torres y José Báez se ausentaron.

A pesar de que el proyecto había sido aprobado en abril en el Senado, no fue hasta ayer que bajó a votación en el cuerpo hermano debido a que no tenía los votos.

De hecho, se pospuso en dos ocasiones la votación de la medida porque representantes como Torres, Manuel Natal y Luis Vega Ramos tenían reservas con el proyecto, que fue enmendado a petición suya para que incluyera la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público que evaluará los procesos de “contratación, refinanciamiento y renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos”, entre otros.

Esta estará integrada por el secretario de Hacienda, el contralor, el procurador general, el presidente del BGF, los presidentes legislativos, un representante de cada delegación de minoría y 10 representantes del interés público en áreas como Economía, Finanzas, comunidades especiales y el sector empresarial.

“El proyecto lo que realmente busca es preparar al Gobierno para afrontar las decisiones difíciles que va a tener que tomar en el primer trimestre del próximo año fiscal, ya que a principios del trimestre no hay acción legislativa. El Ejecutivo tendrá que tomar decisiones de negociar líneas de crédito porque no tiene con qué (pagar). De cara a esa realidad de que el Gobierno tenga que incumplir con algunas obligaciones, se flexibilizan las disposiciones penales a los funcionarios del BGF para evitar una renuncia de todo el personal y tener una entidad sin los recursos”, explicó a Metro el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, sobre los alcances del proyecto.

Según el legislador, “con este proyecto, la aprobación de los recaudos y la presentación presupuestaria tienes suficiente evidencia para reconocer que el Gobierno se prepara para tomar decisiones difíciles en la eventualidad de no tener ningún tipo de recaudo o no tener acceso (al mercado de bonos)”.

Hernández indicó que, en la ley actual del BGF, los funcionarios son demandables a nivel personal tanto en el ámbito civil como criminal. “Pero las decisiones que no han tenido que ver con esos funcionarios y que nos han llevado hasta aquí (al problema de liquidez que enfrenta el BGF), ellos no tienen por qué ser culpables por esas decisiones de política pública”, destacó.

Por otro lado, el representante sentenció que se eliminó el establecimiento de un síndico, como propusieron en el proyecto aprobado por el Senado.

También se eximió a la Universidad de Puerto Rico, los municipios y los tribunales de transferir sus activos líquidos al BGF, lo que provocará que los $1,900 millones que se estimaban estaban en la banca privada y podían trasladarse al banco del Gobierno reducirán.

Sobre la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, el legislador destacó que se realizaron cambios en sala para que el lenguaje estuviera dirigido a la realización de auditorías formales. “El lenguaje original era uno que adjudicaba unas irregularidades y no es bueno tener una comisión buscando o reconociendo en una legislación que se da una irregularidad (sin investigar previamente)”, afirmó. 

El proyecto deberá retornar al Senado para concurrir con las enmiendas. En caso de que no concurrieran, se crearía un comité de conferencia. Si concurren, el proyecto es enviado a la firma del gobernador.