Fortaleza defiende legalización de video lotería

La cifra 50,000 es la cantidad estimada de máquinas tragamonedas ilegales que operan en la isla.

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, defendió hoy la legalización y regulación de las máquinas tragamonedas y juegos de video lotería, como lo establece un reglamento del Departamento de Hacienda que espera por el aval de la Legislatura, debido a que podría redundar en nuevos ingresos para el fondo general de hasta $300 millones.

“En Puerto Rico existen más de 50,000 máquinas ilegales en este momento. De esas más de 50,000 máquinas ilegales el Gobierno recibe $0. Hay un mercado de esas máquinas ilegales que son $1,000 millones de los cuales el Gobierno podría tener una participación, si ese juego se legalizara, que podría fluctuar en alrededor de $100 millones el primer año y que podría llegar a los $300 millones”, manifestó Suárez en una rueda de prensa en La Fortaleza en la que respondió preguntas de diversos temas.

A pesar de que el funcionario no pudo precisar de dónde surgió la idea de regular la video lotería en este cuatrienio, ya que “hace mucho tiempo que se está discutiendo”, resaltó que “es importante que se evalúe” este tipo de medidas que allegaría nuevos ingresos al Gobierno y lograría que “gente que no aporta al fisco aporten”.

Suárez no hizo declaraciones en torno a la resolución que está pendiente en el Senado y que podría ser presentada en la Cámara para detener la puesta en vigor de este reglamento de Hacienda, que es de los pocos que necesitan del aval legislativo para comenzar a operar. Si la Legislatura no se expresa al respecto en este mes, el reglamento entraría en vigor automáticamente.

Sobre la erradicación de las máquinas ilegales, se limitó a decir que hace unos meses se realizó una incautación por parte del Departamento de Justicia.

Miembros del sector turístico, así como representantes de los casinos del país, han expresado y protestado en el pasado contra esta medida por considerar que redundaría en la pérdida de empleos en ese sector y el cierre de casinos, que sí son regulados por el Gobierno para operar máquinas tragamonedas.

Niega que fondos buitre tengan acceso privilegiado en AEE

Por otro lado, el secretario de la Gobernación negó que los llamados fondos buitre (hedge funds) tengan un acceso privilegiado sobre otros inversionistas en documentos e información de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se encuentra actualmente en la discusión de un plan de reestructuración fiscal para los más de $9,000 millones que tienen en deuda.

“Esa información no es correcta. Todos los inversionistas de la AEE tienen el mismo privilegio a la información que se está dando a ellos, independientemente de si son buitres o a largo plazo. La AEE presentó una propuesta (de plan de reestructuración) que está siendo ahora considerada por todos los inversionistas, incluyendo estos inversionistas (fondos buitre), y todos tienen la misma información y acceso a la información”, señaló.