Acusan por fraude a cinco propietarios de autobuses escolares
Un gran jurado federal en San Juan acusó a cinco comerciantes por fraude en una subasta de contratos de transporte de autobuses de escuelas públicas del…
Un gran jurado federal en San Juan acusó a cinco comerciantes por fraude en una subasta de contratos de transporte de autobuses de escuelas públicas del municipio de Caguas.
Este es el primer caso de antimonopolio por la fijación de precios, manipulación de licitaciones y otras conductas contrarias a la justa competencia en la industria de servicios de transporte escolar en Puerto Rico.
“Los acusados privaron a los contribuyentes, al municipio de Caguas y al Departamento de Educación de los beneficios de un proceso de licitación para los contratos de transporte escolar de Puerto Rico”, manifestó el Procurador General Adjunto de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, Bill Baer.
Los cinco propietarios de autobuses escolares son Gavino Rivera Herrera, Luciano Vega Martínez, Alfonso González Nevarez, José Arroyo Quiñones y René Garay Rodríguez.
“Estos arrestos sirven como un recordatorio de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley federal tienen la intención de perseguir vigorosamente a los que manipulan el sistema económico para enriquecerse a expensas del gobierno”, expresó por su parte la fiscal jefe del distrito federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
La multa máxima podrá aumentarse hasta el doble de la ganancia derivada del delito o el doble de la pérdida sufrida por las víctimas del delito, si cualquiera de esas cantidades es mayor de un millón.
La violación a la Ley Sherman contra la manipulación de licitaciones y la asignación fraudulenta de mercados conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa criminal de un millón para los individuos.
El primer cargo es por participar en una conspiración para manipular licitaciones y para el mercado escolar de Caguas.
El segundo cargo es por conspiración para cometer fraude electrónico y cometer fraude postal.
Los cargos están relacionados con una subasta de 2013 para la adjudicación de contratos para el transporte escolar un periodo de cuatro años en la región de Caguas.
De acuerdo con el pliego acusatorio los acusados participaron en los delitos desde agosto de 2013 hasta mayo de 2015.
