Carmen Yulín respalda también retorno al arbitrio general

Por tal razón, aunque insiste en que su primera opción sería aumentar de siete a 10 % el impuesto sobre ventas y uso (IVU), estaría dispuesta a aceptar la implementación de un arbitrio de 10 % en los muelles —eliminando el IVU estatal— como alternativa para resolver los problemas fiscales del país. Esta es una de las propuestas que presentaron los seis representantes que votaron en contra de la reforma contributiva, quienes también han mostrado reservas con la nueva propuesta del IVA del gobernador.

“El país espera que todos escuchemos todas las propuestas. Aunque mi favorito es el IVU de 10 %, también entiendo que si hay otro mecanismo que si se regresa al muelle y eso da los recursos, por qué no”, expresó la ejecutiva municipal mientras pasaba por la Expo de Turismo en el Centro de Convenciones, en la que la capital tenía un “booth”. Aun así, la alcaldesa no fue parte de los actos de apertura de la actividad, auspiciada por la Compañía de Turismo.

Cruz afirmó que otra opción sería la que propone el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quien propone que sean los municipios los que cobren el IVU mediante el establecimiento de 18 regiones. O’Neill hoy dio su respaldo a la propuesta de Cruz de aumentar a 10 % el IVU.

En su caso, la funcionaria dijo que en San Juan han aumentado en $5 millones los ingresos del IVU municipal por la fiscalización. Por esto, mantienen conversaciones con la empresa Soft Tech para que determine dónde están los puntos de evasión del impuesto para aumentar la captación.

“Cada día hay como 10,000 máquinas de IVU que se desconectan por un tiempo, (pero) Hacienda no tiene el mecanismo (para identificarlas) aunque la tecnología está ya”, agregó.

Además del mecanismo de recaudo que se imponga, el Gobierno deberá renegociar el pago de la deuda y crear un grupo multisectorial que presente alternativas a la crisis fiscal, consideró la exrepresentante.

Sus declaraciones surgen al tiempo que el Ejecutivo mantiene una conferencia legislativa en la que se espera que se llegue a un consenso en torno a cuáles serán las alternativas de recaudos que se considerarán para allegar fondos al país y los recortes gubernamentales para establecer el próximo presupuesto, que inicia en julio.