Opinión: La gran conspiración

Las ráfagas de acusaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido la tónica del devenir noticioso de esta semana, que ha incluido, además, amenazas de un cierre gubernamental y la posible privatización de varias corporaciones públicas de no resolverse de inmediato los problemas de insuficiencia fiscal que nos abrazan.

La pugna entre el liderato del oficialista Partido Popular Democrático también ha estado en medio de la escena aderezada de una investigación que realiza la Fiscalía federal en torno a una actividad de recaudación que realizó hace un año el equipo de campaña del gobernador en un lujoso hotel capitalino.

Como si fuera poco, este sainete se ha acompañado de un cruce epistolar entre los directivos del Banco Gubernamental de Fomento y el Presidente del Senado, en el que cada cual responsabiliza a su contrario por el estancamiento de la reforma contributiva, la propuesta que pretende solventar la crisis del Gobierno mediante la imposición de más arbitrios.

En tanto, el gobernador Alejandro García Padilla luce perdido y ofuscado. Más allá de sus intenciones, lo cierto es que al tiempo que transcurren los días y se agudiza la crisis social y económica, se hace evidente su inhabilidad para dirigir el país.

Ha perdido la brújula del ejercicio gubernamental, si es que alguna vez la tuvo. Su equipo de trabajo en prácticamente todas las agencias ha desmerecido, los servicios públicos empeoran, la clase trabajadora empobrece, el sector de nuestra población jubilada se arruina, los profesionales se proletarizan y crece la angustia de un pueblo que se siente arrinconado ante una crisis sin aparente salida.

Pero si mal le va al gobernador, peor anda su equipo de asesores. Son estos los genios constructores de la fábula del acecho conspirativo; los mismos que le recomiendan “sacar pecho” para contener a sus adversarios vertiendo innuendos en voz alta ausentes de argumentos y con desvaríos.

Para esos asesores, que en la grey política nacional son eje de burlas, aún entre militantes pepedeístas el cálculo político de toda acción gubernamental se ciñe a una estrategia de reelección, al margen de lo que sea beneficioso o no para la gente que dicen gobernar.

Esa es la razón de insistir en una reforma al sistema de rentas internas porque sobre esa propuesta yace esbozada el eslogan de la próxima campaña electoralista. Entonces, de no aprobarse la medida con los énfasis suscritos por el gobernador, todo se desvanecería. No hay que ser sabio para percatarse de esa realidad.

Mas sucede que La Fortaleza no es la única que está pensando en las próximas elecciones. La ecuación electoralista está vigente en la mirada de los legisladores y alcaldes que saben que un impuesto al consumo, como se propone desde el Ejecutivo, desencadenará en un aumento del descontento político que existe contra el Gobierno de turno.

Al interior de esa trama surgen las modificaciones al proyecto original de la reforma contributiva que se han presentado desde la Cámara de Representantes y el Senado, en un intento por darle vueltas a una medida impopular.

A consecuencia de las objeciones legislativas también surgen las controversias públicas entre la dirigencia del pepedé, disensos que los estregas que habitan en el confort del Palacio de Santa Catalina han querido revestir como intrigas y componendas contra el gobernador.

Lo interesante de esta contienda es que todas las partes tienen razón. Los legisladores y alcaldes no respetan ni reconocen la capacidad de gobernar del presidente de su colectividad, ni el gobernador acepta la autoridad del poder legislativo y resiente con furia que desobedezcan sus directrices.
Es una aguda crisis de poder político entre populares en la que todos conspiran contra todos.