¿Cómo llegan estos fondos buitres a la isla?
Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727 % libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio…
Por Joel Cintrón Arbasetti y John Marino/ Centro de Periodismo Investigativo
Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727 % libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el Gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.
Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en histórica transacción de bonos municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.
Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.
Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.
“Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos”, dijo Acosta.
El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.
Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversionistas. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja $6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.
La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del Gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversionistas de deuda soberana.
Para algunas compañías de fondos buitres, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.
Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014. Los fondos buitres con los que el Gobierno de Alejandro García Padilla contrajo deuda incluyen a firmas notorias por la presión que ejercen sobre los gobiernos de Grecia, Argentina y otros países en crisis para que paguen la totalidad de sus deudas.
Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitres ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1 % de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93 % de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar la totalidad de la deuda con los “fondos buitre” que no aceptaron la reestructuración. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.
Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.
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