Opinión: Matrimonio gay: Legalidad, discrimen y subversión

Después de todo, los esclavos —en el caso de nuestra historia, los negros— eran el equivalente a un animal doméstico. Su valor era por mucho inferior al de sus amos. También por ley en muchas jurisdicciones los esclavos no tenían el derecho a casarse ni a ejercer la paternidad, por lo que el dueño de su prole era el amo. Y eso nadie lo cuestionaba. Era, después de todo, la ley.

Y las leyes, a fin de cuentas, aguantan todo lo que en ellas se escriba, como la noción de que los negros no tenían alma o, más tarde, que blancos y negros eran iguales, pero separados; como en el apartheid de África del Sur, ese que era respaldado por la ley y que, al ser cuestionado, le valió la cárcel y el mote de “terrorista” al fenecido nobel de la paz Nelson Mandela.

El líder sudafricano, como otros a lo largo de la historia de la humanidad, levantaron como bandera una noción subversiva, rebelde y transgresora contra un sistema evidentemente discriminatorio: las leyes se respetan solo si son justas. De lo contrario, la transgresión, el cuestionamiento y la confrontación deben ser la norma. La alternativa es solo la inacción, la complicidad ante la inequidad.

Por ello la promoción de cambios es siempre dolorosa. Y, como norma histórica, esos cambios —si son grandes— no esperan al consenso para su ejecución. Hacerlo sería condenar a quienes viven bajo la “injusticia de la legalidad” a la falta de equidad mientras se encuentra un consenso que tardará en manifestarse. Solo basta con revisar la historia par confirmarlo. Hoy, sin lugar a dudas, la mayor parte del planeta ve tales casos como ejemplo de lo impensable, de la ausencia de justicia. Pero en su momento los cambios que promovieron la abolición de la esclavitud, el voto de la mujer o la erradicación del apartheid no aguardaron por la aprobación de la mayoría popular. ¡Seguro se hubiera colgado en un referéndum!

A tales ejemplos añada el matrimonio interracial. Ese que hoy es visto como “normal” estaba prohibido en Estados Unidos hasta 1948. Según la historia de la época, una mayoría abrumadora de los ciudadanos de ese país se oponían a la idea de que personas de razas distintas contrajeran matrimonio. Permitirlo era inmoral, una aberración impensable. Pero, a pesar de la desaprobación general, ese mismo año el estado de California legalizó el matrimonio interracial. Y lo hizo no porque los legisladores o los ciudadanos de ese estado lo apoyaran, sino porque las cortes de entonces interpretaron que esa prohibición violaba la Constitución de Estados Unidos. La decisión de California fue seguida por determinaciones similares en una decena de jurisdicciones en las que, antes del cambio, el matrimonio entre un negro y una blanca era poco más que una aberración, era ilegal.

Una decisión similar, en esta ocasión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la Ley de Defensa del Matrimonio, ha abierto las puertas para echar a la basura la prohibición de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y no el matrimonio como concepto religioso, sino como contrato civil. Se trató de una decisión ampliamente impopular, rechazada por la mayor parte de los ciudadanos.
El pasado viernes, en un cambio radical de postura, el Gobierno de Puerto Rico decidió no quedarse sentado en la comodidad del banco del espectador y esperar a que suceda lo inevitable, sino que decidió dejar consignada su postura en contra de tal prohibición. Se trata de una movida arriesgada, políticamente incorrecta y antielectoral. Pero en ella el Gobierno ha dado un paso en el que se inserta con una postura de avanzada en el libro de nuestra historia. Podemos estar a favor o en contra, de la misma forma en que estuvieron antes los ciudadanos a quienes les tocó vivir la abolición de otras prácticas limitantes, pero, sin lugar a dudas, la postura del Estado nos deja como tarea la reflexión, esa que ha hecho a otros antes que nosotros concluir que los derechos no son justos solo cuando se trata de los propios. Entonces y ahora es un hecho que la justicia no espera por el consenso.

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