Gobierno ya identificó $250 millones en recortes de gastos

En un aparte con los periodistas en La Fortaleza, Suárez indicó que también están mirando alternativas de recaudo, en caso de que lo que se apruebe en la reforma contributiva no sea suficiente para cubrir el gasto gubernamental. Esto debido a que para el próximo año fiscal necesitan destinar $800 millones para el pago de la deuda y los sistemas de retiro.

“La ecuación tiene que balancearse. Hay unas propuestas de exclusiones (en el impuesto al valor agregado o IVA), pues tiene que haber una propuesta de recaudo o de recorte de gastos en el Gobierno para balancearla. Hasta ahora lo que se ha hecho es modelar cada una de las exclusiones que se han planteado con las tasas que se han planteado para ver cuánto es el hueco, la deficiencia, para ver cómo se va a ir llenando. Hay propuestas que se están evaluando, (tanto) mecanismos de recaudo como mecanismos de eficiencia en el recaudo como mecanismos de recorte de gastos”, sostuvo Suárez.

El funcionario destacó que entre estas propuestas de recaudo que se evalúan se encuentran las presentadas por los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luir Raúl Torres. Estas propuestas son incluir un impuesto a las corporaciones de venta al detal (mega tiendas) con ingresos de $600 millones o más mediante una especie de patente nacional o a través de una contribución mínima alternativa (“transfer pricing”).

Otra propuesta de Natal era establecer una tributación de 1.5 % sobre la repatriación de los rendimientos de capital, que, según el legislador, podría recaudar $500 millones.

Sin embargo, el secretario de la Gobernación descartó que la reestructuración de la deuda pública de las obligaciones generales (GO) del Gobierno esté sobre la mesa, ya que esta es la deuda que protege la Constitución de Puerto Rico, la primera que debe pagarse cuando el país tiene ingresos menores a los gastos. Los representantes también habían presentado una resolución para una consulta al pueblo sobre enmiendas constitucionales para reestructurar esta deuda.

“Hemos comenzado un plan de reestructuración en las corporaciones públicas, en la Autoridad de a Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras (ACT). En términos de la deuda constitucional, ya el gobernador ha plantado públicamente que esa deuda es una obligación del Gobierno que hay que cumplir”, indicó Suárez.

En abril aprobarán la reforma

De otra parte, el secretario de la Gobernación destacó que las proyecciones son aprobar la reforma contributiva en “las primeras semanas de abril”, ya que de ella dependen las emisiones de bonos de la ACT y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como la redacción del presupuesto del próximo año fiscal, que inicia en julio.

Posteriormente, esperan que la emisión de $2,950 millones, que será repagada con la crudita, se realice “en mayo” y en junio el presupuesto, ya que “todo el plan fiscal de esta administración está interrelacionado”.

Desde el jueves pasado los integrantes de los equipos técnicos del Senado, la Cámara y el Ejecutivo han mantenido reuniones sobre la reforma legislativa para determinar cuál será la tasa o tasas del IVA y cómo quedará redactado el proyecto final. De hecho, esta tarde el equipo de Fortaleza se reuniría con miembros de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Hacienda para hablar del mismo tema.

La Legislatura y el Ejecutivo coinciden en que se deben mantener los alivios contributivos a las empresas e individuos según proyectado y que se deben tener más de una tasa del IVA. El problema estriba en la cantidad de tasas y de cuánto.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que, con la exclusión de la salud y la educación, y con la reducción de gastos de $300 millones, la reforma contributiva recaudaría cerca de $500 millones, lo que levantaba dudas sobre si realmente valía la pena aprobar la medida. No obstante, Suárez rechazó hablar de cifras específicas, ya que continúan en negociaciones.

Hernández también afirmó que espera esta semana presentar las tasas del IVA que aplicarían, las que incluirían tasas variables para servicios y alimentos preparados.