Cinco alcaldes populares reiteran oposición al IVA
Los alcaldes populares de San Juan, Carmen Yulín Cruz; Caguas, William Miranda Torres; Juana Díaz, Ramón Hernández; Carolina, José Aponte Dalmau y el de…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
Los alcaldes populares de San Juan, Carmen Yulín Cruz; Caguas, William Miranda Torres; Juana Díaz, Ramón Hernández; Carolina, José Aponte Dalmau y el de Isabela, Charlie Rodríguez llegaron hoy hasta el Capitolio para expresar en una vista pública su oposición al proyecto de reforma contributiva presentado por el ejecutivo por considerar que el cambio al impuesto al valor agregado (IVA) encarecerá el costo de vida de la gente y tendrá efectos negativos en los servicios e ingresos municipales.
Para apoyar la postura de estos ejecutivos municipales, los únicos del Partido Popular Democrático (PPD) dentro de la Asociación de Alcaldes que han expresado su oposición, arribaron al Senado el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, y el exrepresentante Héctor Ferrer, que también han llevado una voz de oposición a la reforma contributiva.
“No importa el número de alcaldes, lo que importa es el número de la gente y la gente está en contra de un impuesto que va a encarecer la calidad de vida de los puertorriqueños… El 99 % de las personas que han venido a deponer han venido en contra”, manifestó Cruz a los periodistas al llegar a la Casa de las Leyes.
Antes de iniciar su ponencia, la alcaldesa capitalina reiteró entre decenas de fotógrafos que “el IVA es bueno para el Gobierno, es malo para la gente, y ya resulta que no es ni tan bueno para el Gobierno, porque ya no le va a dar el aumento en ingresos que el Gobierno entendía que necesitaba”.
Por su parte, el alcalde de Guaynabo, que también es el presidente de la Federación de Alcaldes, sentenció antes de la vista que, entre otras cosas, es importante oponerse al IVA porque choca con el sistema contributivo establecido en los 50 estados de Estados Unidos. Relato que hubo cuatro estados que intentaron tener un IVA, pero “no compaginaba el sistema de Gobierno y el sistema económico de los demás estados de la nación americana”.
Durante su turno ante la Comisión senatorial de Hacienda, Cruz expresó que se opone a la propuesta por el sinnúmero de cuestionamientos que han quedado en el aire, como por qué el IVA tiene que ser de 16 % y para qué se usarán los $1,200 millones que proyectan recaudar.
Tras manifestar su oposición a que el IVA aplique en la educación, sostuvo que aplicarlo a la salud en ciertos casos —sobre todo en las primas de planes médicos privados— es castigar más a los asalariados con asuntos que ni siquiera deben considerarse consumo. “Quién nos da el derecho a decidir para quién —algo esencial como una quimioterapia— es consumo o es salud”, cuestionó, luego de relatar su experiencia de incurrir en gastos inesperados el pasado año por un resultado irregular en una mamografía.
Agregó que la medida, como quita la capacidad municipal de recaudar su parte del impuesto sobre ventas y uso (IVU), “afectará la capacidad de los municipios de poder proveer los servicios inherentes a nuestras responsabilidades… Y en cuanto a los municipios grandes, limita nuestra capacidad de colaborar con el bienestar de aquellos más pequeños”.
Por tal razón, recomendó “mantener el mismo sistema del IVU tal y como está ampliando la fiscalización” y “generar acuerdos colabora tipos entre los municipios y Hacienda para aumentar la captación”, lo que se podría lograr con una propuesta como la de O’Neill de establecer regiones municipales para el cobro del gravamen.
También sugirió “imponer un ‘tollgate tax’ para las corporaciones que hacen negocios en Puerto Rico que repatrían sus ingresos” y “renegociar la deuda” para crear un fondo que se pueda utilizar para inversión local.
Con Cruz coincidió el alcalde de Caguas, que agregó entre sus recomendaciones “exigir derogar las leyes de cabotaje o establecer negociaciones para una tarifa reducida en un periodo de cinco años” y desarrollar un “diálogo amplio entre sectores” y llegar a unos acuerdos en o antes del 1 de julio de este año. Mientras que el alcalde de Juana Díaz considera que es necesaria una revisión a las exenciones contributivas a las empresas, que a veces afecta los ingresos municipales.
De otro lado, el alcalde de Carolina sugirió “mantener un impuesto al consumo de base amplia estatal cuya tasa no sea mayor del 9 %”. Una propuesta de aumentar el IVU a 10 % fue esbozada por la alcaldesa hace semanas, pero no fue dicha durante la vista pública.
La Asociación de Alcaldes debía presentarse, pero canceló su participación por considerar la adecuado discutir el proyecto en reuniones privadas con el liderato legislativo. Esta entidad sí favorece la reforma contributiva por considerar que le haría justicia a los pequeños y medianos municipios.
