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author: "EFE @EFEnoticias"
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updated: "2022-02-20T15:09:27.276Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
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# Puerto Rico insta a la Justicia federal a autorizar su ley de quiebra

_El Gobierno de Puerto Rico presentó hoy un alegato ante el Tribunal de Apelaciones de Boston en el que reclama que se le autorice la ley que aprobó el pasado…_

Por EFE @EFEnoticias · Noticias / Sin categoría · 2015-03-17T03:00:00.000Z

El Gobierno de Puerto Rico presentó hoy un alegato ante el Tribunal de Apelaciones de Boston en el que reclama que se le autorice la ley que aprobó el pasado junio para permitir a las entidades públicas declararse en quiebra y no arrastrar así al conjunto de este Estado Libre Asociado a EE.UU.

En su alegato, el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reitera su defensa de la Ley 71 de 2014, bautizada como Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas, y conocida a nivel local como la “ley de quiebra criolla”.

Explica que esta ley posibilita el pago ordenado de las deudas contraídas por corporaciones públicas y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.

El Tribunal del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de Boston, que se encarga de las cuestiones relacionadas con la isla que llegan hasta esa instancia judicial, atiende el recurso interpuesto por el Gobierno de Puerto Rico después de que el juez federal Francisco Besosa declarara inconstitucional dicha ley.

“La determinación del juez Besosa dejó al país en un estado de indefensión ante sus acreedores. Con esta acción, reiteramos nuestro derecho a tener un marco jurídico que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, sin afectar la continuidad de los servicios”, afirma el secretario.

Añade que esta ley es “producto del ejercicio válido del poder de razón de Estado que ostenta Puerto Rico para legislar ante la posible insolvencia de corporaciones públicas que no pueden acogerse a la Ley de Quiebras federal”.

Asimismo, establece que el Código de Quiebras no ocupa el campo jurídico y tampoco desplaza la autoridad del Estado Libre Asociado -que acumula una deuda de 73.000 millones de dólares- de aprobar medidas para el pago ordenado de las deudas de las corporaciones públicas.

“En vista de que el Capítulo 9 no aplica a Puerto Rico, la isla tiene autoridad para proveerle a sus corporaciones públicas mecanismos para reestructurar sus deudas de modo que puedan cumplir con compromisos frente a sus acreedores”, afirma.

Miranda insiste además en que agotará todos los recursos disponibles en aras de defender el mejor interés de los puertorriqueños mediante esta ley y “llegará hasta el Tribunal Supremo de ser necesario para garantizar la validez de este estatuto”.

En paralelo, tanto el Gobierno de la isla como la oposición han reclamando ante Washington que aprueben una iniciativa para que las empresas públicas insolventes de la isla puedan reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras estadounidense.

El pasado 26 de febrero, el comisionado residente de Puerto Rico en EE.UU., Pedro Pierluisi -líder del principal partido de la oposición pero a su vez representante de la isla en Washington- compareció ante un subcomité judicial del Congreso.

Fue la primera sesión legislativa convocada para tratar el tema de la crisis fiscal que afecta a la solvencia de algunas corporaciones públicas de la isla como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT) y Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El comisionado defendió que en Puerto Rico, “donde la unidad tiende a ser rara”, el proyecto HR 870 ha recibido el respaldo de políticos de distinto signo, académicos, asociaciones comerciales, así como de ambas cámaras del congreso puertorriqueño.

El proyecto busca que se permita al Gobierno de Puerto Rico, igual que al de los estados, autorizar a sus corporaciones públicas a utilizar el método del Capítulo 9, bajo la supervisión de un juez federal de quiebras.

El objetivo, dijo, es evitar un “escenario de caos” ante la posibilidad de que se abran “un sinnúmero de litigios para cobrar a las entidades” que adeudan a los bonistas.

“Eso no sería bueno para nadie, no sería bueno para la autoridad ni para los acreedores (en su mayoría estadounidenses) porque afectaría a sus operaciones y a su viabilidad”, indicó tras la audiencia en declaraciones a Efe.

En la actualidad, bajo el Capítulo 9 del Código federal de Quiebras, los gobiernos estatales pueden autorizar a sus entidades públicas a acogerse a la ley federal para reestructurar su deuda.

 Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del término “estado” para propósitos del Capítulo 9, por lo que su Gobierno no tiene potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.

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