Acosta: “Capítulo 9 es la mejor opción”

La cifra $20,000 millones es la deuda conjunta aproximada de la AAA, la AEE y la ACT.

A pesar de que hay tres corporaciones públicas que —conjuntas— poseen sobre $20,000 millones en deudas, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, no prevé que se acojan a una bancarrota. Sin embargo, defendió ayer la inclusión de la isla en el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, según lo establece el Proyecto HR-870 del comisionado residente, Pedro Pierluisi.
Se trata de las Autoridades de Energía Eléctrica (AEE), de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Carreteras y Transportación (ACT). Mientras que la AEE atraviesa un proceso de reestructuración con la oficial Lisa Donahue, la ACT espera por la aplicación de la crudita y la emisión de $2,950 millones en bonos.

“No se ha tomado una decisión en cuanto a si alguna corporación pública tiene la intención de acogerse al capítulo 9 si esta opción llegara a estar disponible”, afirmó Acosta, que consideró que es necesaria la inclusión de la isla en esta disposición debido a que la ley de quiebra criolla (Ley 71) fue declarada inconstitucional por el Tribunal federal. Esta decisión ha provocado “un ambiente de incertidumbre que hace más difícil atender los desafíos fiscales de Puerto Rico”, dijo la funcionaria en la primera vista pública del Subcomité de Reformas Regulatorias de la Cámara federal, que pertenece a la Comisión de lo Jurídico del cuerpo congresional, que evalúa el HR-870.

A juicio de la funcionaria, el capítulo 9 es “la mejor opción” para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas del país de una forma ordenada debido a que es un mecanismo “que el mercado conoce”. Incluso alegó que esta opción es mejor que la quiebra criolla. Al igual que Acosta, el profesor de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow, y el analista de bonos municipales, Robert Donahue, defendieron la inclusión de la isla en el capítulo 9.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara federal, Robert Goodlatte, planteó en una ponencia escrita la posibilidad de que la aplicación del capítulo 9 no sea retroactiva. Esta consideración fue respaldada por el congresista republicano Darrell Issa, quien también sugirió crear una junta de control financiero para Puerto Rico por llevar a una situación difícil varias corporaciones públicas que manejan utilidades.

La aplicación prospectiva del capítulo 9 no fue bien vista por la titular del BGF. “Una vez se aprueba (la inclusión de la isla en este inciso de la Ley Federal de Quiebras) le aplica a toda la deuda que está emitida… Cuando tienes un deudor que se acoge a la quiebra, no puedes escoger una deuda sí y otra no. Así se ha aprobado siempre en las leyes de quiebra”, dijo a los periodistas tras concluir la vista.

Sector de bonistas se opone

El abogado Thomas Moers Mayer, en representación de las firmas de inversiones Oppenheimer y Franklin —que poseen $1,600 millones en bonos en la AEE—, se opuso al proyecto de Pierluisi por considerar que esto afectaría millones de dólares en bonos existentes, daría un tratamiento de estado a la isla, que ya tiene exenciones tributarias, y no garantiza la liquidez de las corporaciones. Alegó, además, que la AEE no necesita el capítulo 9 porque podría subir el costo energético.

Sobre el particular, Acosta difirió con Mayer, porque “el hecho de que se hagan iniciativas para mejorar la AEE no quita que pueda acogerse a la quiebra”. Además de la quiebra criolla y el capítulo 9, la AEE tiene la posibilidad de que se le asigne un síndico para manejar la crisis.