Opinión: Y entonces, ¿cuándo es que baja la luz?
La borrachera del IVA y los temores ante sus potenciales efectos en los precios y la carga contributiva nos han hecho perder la cabeza. Lo entiendo. Las dudas…
Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel
La borrachera del IVA y los temores ante sus potenciales efectos en los precios y la carga contributiva nos han hecho perder la cabeza. Lo entiendo. Las dudas conforman una larga lista y los portavoces oficiales del Gobierno no han podido articular de manera clara los argumentos para que el país se convenza —libre de dudas— que el cambio de IVU a IVA es un buen negocio, no para el pago de los bonistas, sino para los ciudadanos.
Pero, mientras esa discución se desarrolla, parece que hemos olvidado a un enemigo común: el costo de la energía eléctrica.
Fueron muchos los que el pasado año recibieron con esperanza la aprobación de la llamada reforma energética. Esa que —al menos en el texto— sentaba las bases para un cambio “profundo” en la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa que —al menos en palabras— ponía un “basta ya” a la mala administración de esa corporación pública. Que creaba una trilogía que pondría a temblar a los que administran la AEE. Primero, la Comisión Reguladora de Energía, que funcionará con unos $5 millones que proveerá la AEE para su funcionamiento. Segundo, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, que se encargaría de implementar precisamente la “política pública energética” y sustituiría a la Administración de Asuntos Energéticos (AAE). Y tercero, se anticipaba un proceso de revisión de la larga lista de subsidios que otorga la corporación. Subsidios que en la práctica no son otra cosa que dinero que usted tiene que pagar en su factura. Como castigo. Como un karma que gira contra la fortuna de otros.
Sobre el último punto, ya el Senado evalúa una iniciativa del senador Ramón Luis Nieves para revisar y, con suerte, eliminar algunos de esos subsidios que permiten que algunos no paguen para que pague usted.
Pero sobre lo demás hay dudas. Poco se sabe en esta etapa sobre los trabajos realizados por la Comisión Reguladora de Energía y cómo —si de alguna forma— sus “acciones” comienzan a encaminar una reducción real en lo que usted y yo pagamos en la factura de luz. Entonces, nos toca hablar de la Oficina de Política Pública Energética (OEPPE). Para comenzar, tal vez conviene repasar cuál es la política pública que debe dirigir los esfuerzos del Gobierno y cada una de sus dependencias, sin excepción.
Al menos en el papel, la política pública debe ir dirigida a una reducción en el costo de la energía eléctrica y el consumo. Una reducción que se supone que, de cara al primer año de la implementación de esta política pública, alcance o se acerque al menos a un 5 % de baja en el gasto de luz de los municipios. Y aquí nos topamos con uno de los puntos en los que la puerca tuerce el rabo. Según el ingeniero José Maeso, director ejecutivo de la OEPPE, los municipios simplemente no están cumpliendo con la política pública. O al menos la mayor parte de ellos. Los únicos ayuntamientos que han cumplido con la reducción que exige la política del Gobierno son Aguadilla, Hatillo, Moca, Orocovis y Quebradillas. A esta breve lista habrá que añadir a los que han comenzado a dar pasos para lograr la reducción exigida. Estos son Hormigueros, Isabela, Loíza, Luquillo, Patillas y Toa Baja. Y pare de contar. ¿Qué pasa con los restantes 67 municipios? ¿Por qué no cumplen con la reducción? ¿Hay alguna consecuencia para los ayuntamientos que han decidido no cumplir con la política pública? La respuesta a estas preguntas no deberá tardar en producirse, puesto que en mayo se cumple el año de transición para que los alcaldes logren entender que bajar el consumo no es opción, sino deber. Claro que para muchos probablemente bajar el consumo no corre prisa. Después de todo, ninguno paga factura de energía eléctrica y, como consecuencia, las pérdidas por el despilfarro de luz o la no reducción del consumo de los municipios va a parar directamente al bolsillo de consumidores como usted. Si el panorama le parece poco alentador, añada a la receta que el número de municipios en incumplimiento podría ser mayor. Solo que no podemos saberlo porque la propia Autoridad de Energía Eléctrica no ha cumplido con la entrega de la información completa sobre el consumo de energía de los municipios, tal y como lo exige la Ley de Transformación y Alivio Energético. Si la propia AEE no cumple con la entrega de información, ¿cómo puede el país fiscalizar y exigir una reducción en el consumo de energía acorde con la política pública?
Es, en definitiva, señores, el cuento de nunca acabar. La aprobación de una ley nunca garantiza “revoluciones” o “reformas históricas”. Es en las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de las leyes en las que recae el poder de los cambios. Por lo pronto, nuestra revolución energética criolla no tiene las chispas esperadas. Esperemos que su acción no se limite solo al papel donde está escrita.
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