Opinión: Colonia en quiebra
Lo que está en quiebra en Puerto Rico es la colonia, aunque haya quienes pretendan proponer soluciones sencillas a problemas complejos que, en su fondo, no…
Lo que está en quiebra en Puerto Rico es la colonia, aunque haya quienes pretendan proponer soluciones sencillas a problemas complejos que, en su fondo, no alteran el orden de relaciones políticas que nos mantiene atados a una condición de subordinación que nos impide desarrollar al máximo nuestras oportunidades económicas.
Cierto es que bajo el régimen colonial hay posibilidades para mejorar algunos aspectos de nuestra vida cotidiana, si pensamos, por ejemplo, en un modelo de gobierno que sea justo y equitativo y cuyas acciones no estén determinadas por los intereses de bonistas e inversionistas. Pero eso también tiene sus límites.
Tampoco es que por resolver el estatus de la isla todos los problemas desaparecerán como por arte de magia, pero de lo que sí podemos estar seguros es que nuestra situación política actual se presenta como un obstáculo a nuestro desarrollo como pueblo por su limitado alcance de poderes.
Es sencillo. Nuestra mísera condición colonial no nos permite ni declararnos en quiebra ni manejar la impagable deuda pública acorde con los mejores intereses de la ciudadanía. Así lo ha determinado un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico en una sentencia emitida la tarde del viernes y en la que consideró una demanda contra el Estado por la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.
Ante la estrategia del Gobierno de establecer un mecanismo legal que le permitiera manejar las deudas de sus corporaciones mediante una negociación con sus acreedores, el juez federal Francisco Besosa les ha recordado a los gobernantes que ya existe una ley de quiebra en Estados Unidos y que es ese el estatuto al que deben ceñirse, aunque no nos cubra.
Ha advertido el juez que, bajo la relación política actual, el gobierno de la isla está regido por “la cláusula de supremacía”, una manera sencilla de recordarnos que en la colonia las leyes federales están por encima de las locales. Entonces, ¿quién manda en la isla?
No es la primera vez que el Gobierno estadounidense, a través de sus cortes, entra a determinar aspectos que, en otro orden político, le correspondería dirimir a los gobiernos soberanos. Recordemos, por ejemplo, que en la ínsula nos dicen hasta el precio que debe tener el cuartillo de la leche.
Al anular la ley de quiebra criolla, como se le conoció popularmente a esa legislación, Puerto Rico no puede renegociar su deuda pública con los bonistas bajo los términos que mejor entienda para beneficio de sus ciudadanos. Hacerlo solo es permitido bajo las normas del Gobierno federal de Estados Unidos, como ha dicho Besosa.
Este hecho debe obligarnos a reflexionar una vez más sobre el aspecto político de la crisis económica. Nuestra situación fiscal es difícil y es necesario articular un nuevo modelo de desarrollo económico que garantice mayor estabilidad en el presente y un mejor bienestar para el futuro. Mas para eso, y no nos llamemos a engaño, se hace necesario abordar con seriedad el problema del estatus.
Solo los incautos o quienes se benefician de una relación política de sometimiento niegan que la limitación de poderes políticos que sufre la isla reduce nuestra capacidad de desarrollo, y por eso, cuando disertan sobre la insuficiencia fiscal del país, no pueden ofrecer soluciones reales porque no asumen el problema en su complejidad.
Quienes piensan que la crítica situación social y económica que atraviesa Puerto Rico puede resolverse a espaldas de la solución del estatus se equivocan. Para aliviar nuestra crisis poco nos sirve el Estado Libre Asociado.
Sin soberanía política estamos detenidos en el tiempo. La ausencia de poder para delinear nuestro futuro siempre será un obstáculo para elevar nuestra competitividad o, cuando menos, para decidir cómo queremos hacer las cosas sin la aprensión de que un juez federal nos regañe.
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