Reitera importancia de hacer públicos los informes
El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó hoy que las firmas contratadas por el Banco Gubernamental de…
El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó hoy que las firmas contratadas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para ofrecer asesoramiento sobre la reestructuración económica de Puerto Rico, al igual que la actual administración, no anticiparan en sus informes que la llamada “Ley de Quiebras Criolla” sería inconstitucional.
Las expresiones surgen a raíz de la decisión del Tribunal de Distrito Federal en San Juan que determinó la semana pasada, a través del juez Francisco Besosa, que la mencionada ley “es invalidada por el código de quiebras federal y, por tanto, es nula de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”.
Meléndez indicó que “tanto estas compañías que realizaron los millonarios estudios y presentaron recomendaciones sobre la situación económica de Puerto Rico, como el BGF y el gobernador fueron negligentes en la implantación y creación de la mencionada ‘Ley de Quiebras Criolla’ según se demostró en el Tribunal Federal. Adicional, se debe investigar si en efecto hubo algún análisis jurídico que a sabiendas obviara la inconstitucionalidad de la ley”.
El representante aseveró que “habíamos advertido de la existencia de un problema jurisdiccional en cuanto a la autoridad del ELA para atender estos asuntos y solo podemos pensar dos cosas: o hicieron caso omiso o presentaron el proyecto de ley a sabiendas que sería inconstitucional”.
Por lo mismo, el político asevera que “ahora más que nunca es importante el acceso a los informes de las firmas Proskauer & Rose, LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millco Advisors, toda vez que de los informes que sometieron estas firmas se haya generado el material para aprobar la ‘Ley de Quiebras Criolla”. Insistiré en llevar hasta sus últimas consecuencias la demanda que presenté contra el gobierno, para que todos tengamos acceso a la información”.
El pasado 20 de octubre, Meléndez presentó un recurso de mandamus contra el BGF y sus directivos en el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan por negarse a hacer públicos los informes realizados por las firmas privadas Proskauer & Rose LLP, Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millco Advisors.
Estas compañías realizaron estudios y presentaron recomendaciones al BGF y al gobernador sobre la situación económica de Puerto Rico y sobre cuáles serían los pasos a seguir para la creación de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas. “Hasta el momento el Tribunal no ha tomado una determinación final sobre la petición de revelar el contenido de los informes que le costaron millones de dólares al erario público”, culminó Meléndez.
