Jenniffer González presenta enmiendas al Código Penal
La representante Jenniffer González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó un bloque de medidas para “neutralizar” los cambios firmados por el…
La representante Jenniffer González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó un bloque de medidas para “neutralizar” los cambios firmados por el gobernador Alejandro García Padilla al Código Penal de Puerto Rico 2012 y que a juicio de la legisladora “arriesgan la seguridad de la víctimas y crea confusión en la discusión jurídica”.
“A pesar de las advertencias de esta delegación del PNP de parte de deponentes que incluyen dependencias del Ejecutivo y, sobre todo, de la preocupación de la ciudadanía, esta administración realizó cambios adversos al Código Penal de 2012, sin medición responsable de sus consecuencias en los trámites judiciales y cómo se afectaría a las víctimas del crimen”, denunció la portavoz del PNP en la Cámara.
González Colón explicó que durante lo que llamó “pobre discusión del tema, ya que solo se le dedicaron cinco semanas a un transcendental asunto contrastando con los cerca de dos años que le dedicó el PNP el cuatrienio pasado, su delegación no solo mostró su oposición, que ayudó a que los cambios más polémicos no se aprobaran, sino que presentó alternativas a favor de una sana administración de la justicia, que finalmente, fueron ignoradas”.
Las medidas radicadas fueron los proyectos de la Cámara 2295, 2296, 2297, 2298, y 2299.
La Ley 246-2014, que recopila las enmiendas aprobadas por el Partido Popular Democrático (PPD) al Código Penal de 2012, trajo cambios trascendentales en las formas de culpabilidad. A modo de ejemplo, se cambió el tradicional concepto de “intención” por “a propósito, con conocimiento, temerariamente”.
El Proyecto de la Cámara 2295 contempla estos cambios que fueron criticados por las entidades encargadas de hacer cumplir el Código Penal, tales como el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, y la Oficina de Administración de los Tribunales, los entes que intervienen directamente en las etapas del proceso judicial.
El PC 2296 atiende otro de los cambios más criticados en el proceso de discusión y aprobación de la referida ley, como fue la reducción de 50 a 25 años en tres modalidades del delito de agresión sexual.
De igual manera, la reducción de las penas en los delitos contra la propiedad fue objeto de fuertes críticas por parte de la Policía de Puerto Rico, pues precisamente esta modalidad de crimen es la que con mayor frecuencia se comente en nuestras calles, y respecto a la que la uniformada ha asignado recursos adicionales para prevenirla.
Por otro lado el PC 2297 trabaja con los cambios que se hicieron en las figuras jurídicas que pueden limitar y hasta eximir de responsabilidad a un individuo como lo sería la legítima defensa, el caso fortuito y la intoxicación.
A su vez, se destaca la introducción de la figura de la conducta insignificante como eximente de responsabilidad, la que no establece unos parámetros que puedan regir el criterio del Tribunal o del ministerio público al momento de aplicarla.
En tanto, el PC 2298 busca enmendar los cambios a los artículos que regulan quiénes serán las personas que incurrirán en responsabilidad penal. “Las enmiendas realizadas por el PPD alteran los términos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado y respecto a los cuales se ha adiestrado a los funcionarios que conforman nuestro sistema de justicia”.
La portavoz entiende que la alteración de los referidos términos, en lugar de promover la justicia, hará más difícil hacerla efectiva.
González Colón radicó además el PC 2299 ante las enmiendas introducidas en virtud de la Ley 246, que establecen normas más estrictas para aplicar las disposiciones sobre la reincidencia, “lo que obliga a actuar en contra del bienestar de la sociedad, permitiendo sentencias más flexibles cuando se trata de delincuentes habituales”.
Otros cambios de impacto similar son las enmiendas incorporadas al artículo sobre cualificación para libertad bajo palabra, reduciendo los años de cumplimiento de sentencia en casos de asesinato en primer grado y reincidencia habitual.
Asimismo, los cambios introducidos en el Código Penal de 2012 limitaron la discreción del Tribunal para imponer conjuntamente la pena de reclusión y de multa, en los casos en que se entienda meritorio. También se eliminó el carácter obligatorio de la consideración de circunstancias agravantes en casos tan sensitivos como el secuestro de menores y la intimidación de testigos.
“En fin, los cambios plasmados en la Ley 246 dificultan que se le haga justicia a las víctimas de delito y a la sociedad puertorriqueña”, expresó la portavoz en la redacción de la medida.
