Revelan aumento en la obesidad infantil en la isla
Las especialistas Gretchen Crespo y Loren Meléndez, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce, plantearon que los datos del año 2010 advirtieron sobre…
Las especialistas Gretchen Crespo y Loren Meléndez, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce, plantearon que los datos del año 2010 advirtieron sobre una tasa de obesidad en Puerto Rico de 27.5%, cifra que se elevó a un 28.4% en 2012. Por lo tanto, según ellas, “con estos datos, nuestro país no debe tener duda de que la obesidad infantil es un problema de salud pública que tenemos que atender”.
Los datos fueron revelados en una vista de la Comisión de Salud y Nutrición, que preside el vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que consideró en vista pública el Proyecto 865, de la autoría del senador Gilberto Rodríguez Valle, que crea el Programa de Niñez Saludable.
La meta de la pieza legislativa busca combatir la obesidad infantil con estrategias de implementación uniforme entre el Departamento de Salud, Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y los padres de los menores.
Además, se propone imponer responsabilidad bajo la Ley 246 de 2003, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores; disponer para procedimientos en el Departamento de Educación; y para otros fines.
Más adelante en la vista, Crespo y Meléndez recomendaron que el manejo de la obesidad infantil debe ser a través de una investigación rigurosa realizada por profesionales expertos en el campo, para que estos sean quienes distingan si el niño padece de obesidad por una condición preexistente o si ha sido desarrollada por un factor de comportamiento.
“Queremos hacer énfasis en la delicadeza de este punto, porque no se debe penalizar a padres o representantes del niño por una situación que no está en sus manos (como lo es la obesidad por una condición preexistente o aleatoria). Recordemos que cada caso es único. Por esto deben garantizar que el programa proporcionará que este proceso ocurra de manera minuciosa”, expresaron.
Sobre este asunto, Dalmau Santiago comentó que antes los padres no buscaban las notas de sus hijos en las escuelas, pero cuando se hizo mandatorio, el 85% las buscaron. “En esto de la obesidad hay otras causas, que pueden ser genéticas. ¿Pero, usted no cree que es un tipo de maltrato que unos padres le echen en la lonchera de sus hijos una Coca Cola y una bolsa de papitas?”, se preguntó.
Luego recordó que su hijo “llevaba frutas y nadie en la escuela las llevaba. ¿Por qué cree que hay leyes aquí que no permiten máquinas de refrescos en las escuelas? Ahí es donde los problemas de salud que generan, como hipertensión y problemas dentales. Yo estaría en la disposición de revisar lo de las multas, pero creo que tiene que haber un disuasivo para que los padres asuman una responsabilidad”, expresó el senador.
Crespo respondió que “no es que estamos en oposición, pero nos preocupa de qué manera la van administrar y cómo se van a cerciorar para que estas personas las paguen. Y si las personas no tengan recursos para pagarla, ¿cómo se manejarían ese caso?”, se cuestionó.
En tanto, José A. Vélez y Rohica Ortiz, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce, expresaron que el personal que se ha considerado en la medida, como son los orientadores y los consejeros escolares, no deben tener una carga adicional de trabajo, ya que las tareas a desarrollarse en el programa a implementar deben ser estrictamente ejecutadas por un especialista en salud, específicamente en el problema de obesidad infantil.
“En adición, exponemos que no se establece algún tipo de acción a tomar sobre factores determinantes, como lo son las máquinas de comidas chatarra y/o negocios de ventas ambulantes de comidas en las escuelas. Esta inacción no mejora los hábitos de alimentación de todo el estudiantado, lo que es bien importante de enfatizar”, indicaron.
“Debido a esto, exponemos la situación de alimentos chatarra por alimentos nutritivos y saludables en las máquinas disponibles en las zonas escolares. En cuanto a los negocios de ventas ambulantes aledaños al plantel escolar, se podría tomar en consideración establecer una norma hacia los encargados de estos, para que vendan alimentos menos nocivos o dañinos a los estudiantes”, expresaron.


