Opinión: El cuento de nunca acabar
Los pasados días ha regresado a la discusión pública la controversia en cuanto a la empresa Energy Answers y su intento por construir y operar una planta de…
Por Alejandro Figueroa @ajfc1976
Los pasados días ha regresado a la discusión pública la controversia en cuanto a la empresa Energy Answers y su intento por construir y operar una planta de recuperación de desperdicios (waste to energy) en Arecibo. Esto tras una nueva serie de protestas luego de que el Gobierno emitiera los permisos correspondientes para la construcción de la planta.
Por años, se ha discutido la necesidad imperante en Puerto Rico de mejorar las instalaciones y condiciones para el manejo de desperdicios sólidos. Actualmente, en la isla operan 28 vertederos, muchos en proceso de clausura por incumplir con las reglamentaciones federales. Del mismo modo, como sociedad nos encontramos muy lejos de cumplir con las expectativas de reciclar al menos el 35 % de los desperdicios según establecido por legislación en la década de los noventas, tanto por inacción del Gobierno como por falta de voluntad de gran parte de nuestra ciudadanía.
Por otro lado, todos conocemos los problemas que ha causado en nuestra isla la gran dependencia de combustibles fósiles para la producción de energía. Hoy, más del 70 % de la energía que consumimos es producida por dichos combustibles. Por eso a nadie debe extrañarle que el aumento constante que experimentó el precio del petróleo en los pasados años provocara que la energía eléctrica que producimos localmente se convirtiera en una de las más caras.
En este marco histórico, un proyecto de conversión de basura en energía no es meramente una alternativa, sino una solución idónea, ya que atiende ambas problemáticas. Según los datos que ha provisto la empresa, no solo tienen capacidad para manejar estos asuntos, sino que tendrán un impacto económico inmediato para Puerto Rico. Con una inversión proyectada de $750 millones la empresa crearía más de 4 mil empleos en la etapa de construcción de la planta y más de 150 empleos verdes en su operación. Más de 2,100 toneladas de desperdicios sólidos serían procesados diariamente, lo cual produciría más de 80 megawatts de energía. En resumen, atenderíamos el problema de cumplimiento de los vertederos y a su vez produciendo energía reduciendo la dependencia en el petróleo.
Desgraciadamente, a pesar de que la empresa lleva casi una década en el proceso de obtención de permisos y se ha sometido al escrutinio de las agencias gubernamentales, la prensa y la ciudadanía en general, en lo que parece el cuento de nunca acabar, existe un pequeño grupo que intenta detener sus gestiones. Y como si fuera poco, el grupo parece estar apoyado por la exsecretaria de la Gobernación Ingrid Vila, quien tras bastidores apoyaba las gestiones de los opositores desde La Fortaleza y hoy día lo hace como ciudadana privada sin temblarle el pulso.
Más allá de que estemos de acuerdo o no en cuanto a la viabilidad o necesidad de este tipo de proyecto, lo importante es que el Gobierno debe velar por que una vez se haya decidido establecer este tipo de empresa en la isla y esta obtenga los permisos, los mismos no estén sujetos a la voluntad de unos pocos que por meros caprichos o por intereses particulares quieran entorpecer los procesos.
La situación que hoy enfrenta Energy Answers nos recuerda los problemas que tuvieron otras empresas para comenzar sus negocios, luego que culminaron los procesos de permisos y cómo la administración pasada del PNP tuvo que aprobar legislación para desalentar comportamientos obstructivos en estas etapas de los procesos. No cabe la menor duda de que la presente administración tiene una obligación legal y moral de proteger a aquellos que han obrado dentro del marco de la ley. Más aún en estos momentos en los que necesitamos inversionistas que miren a nuestra isla como destino para sus negocios. De lo contrario, continuaremos con una economía en contracción, y si en algo todos podemos estar de acuerdo es que nadie quiere ni aspira a eso.
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