Alza en casos de hostigamiento sexual en el trabajo

Los casos de discriminación sexual en el trabajo han generado en el año fiscal 2014 unas 926 querellas en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos…

Por Inter News Service

21 ene 2015, 11:00 pm 3 min de lectura
Alza en casos de hostigamiento sexual en el trabajo

Los casos de discriminación sexual en el trabajo han generado en el año fiscal 2014 unas 926 querellas en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), trascendió hoy en una audiencia de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez.

La Procuradora del Trabajo, Dimarie V. Méndez Martinó, señaló en una ponencia ante la comisión cameral que la discriminación por sexo es la causal por la que se presenta el número mayor de querellas en la Unidad Antidiscrimen (UAD) del DTRH.

De las 926 querellas presentadas, 417 corresponden a razón de género y 103 por hostigamiento sexual, 18 de ellas por parte de varones, explicó la licenciada Méndez Martinó. 

Una vez un trabajador presente una querella alegando hostigamiento sexual, dijo, si las partes buscan una resolución alterna al conflicto de forma voluntaria, la UAD facilitará una resolución temprana, a través de la mediación, proceso que “se llevará a cabo de manera pronta, justa, neutral, voluntaria y confidencial”.

Adujo que esta es una excelente herramienta para detener de forma inmediata los alegados actos, a la vez que aclaró que la UAD es una agencia investigativa que no adjudica.

“La mediación es el único mecanismo que tenemos para lograr una solución rápida, justa y efectiva, sin la necesidad de que el querellante pase por el proceso tormentoso de enfrentar al alegado hostigador y, sobre todo, resolver la situación sin la necesidad de recurrir al tribunal”, planteó Méndez Martinó.

La funcionaria compareció a la audiencia pública en torno a la Resolución de la Cámara 895, que investiga si la UAD del Departamento del Trabajado descarga su deber en cumplimiento con la política pública establecida mediante la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo.

La directora de la UAD, Miriam Costa, señaló que este organismo no cuenta con números certeros sobre los casos de hostigamiento sexual ya que, una vez se transan fuera de los tribunales, los abogados de las partes son reacios a ofrecer estos datos, pues se establecen cláusulas de confidencialidad.

En torno a los protocolos, la licenciada Costa dijo, a preguntas del representante Santa Rodríguez, que por lo general los patronos cumplen con la ley, tienen al día sus normas contra el hostigamiento sexual y son proactivos en solicitar que orienten a sus empleados.

La directora de la UAD añadió que en los casos en que se comprueba que no se cumplió con el protocolo, los patronos solicitan vista para remediar el daño, para evitar la imposición de multas.

“Es importante tener estas estadísticas de los casos, inclusive los que abandonan la UAD, para conocer en cuántos casos se toma una decisión final o se logran cerrar por acuerdo para conocer si las leyes actuales cumplen su cometido”, advirtió Santa Rodríguez.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) indicó, por su parte, que las leyes en contra de la discriminación de género “no han tenido el efecto querido”.

La licenciada Josefina Royo expresó en representación de la OPM que las querellas por discriminación por razón de sexo aumentaron de 292 en el año 2000, a 535 en 2007.

“Esto incluye tres violaciones a las leyes de Hostigamiento Sexual, de Violencia Doméstica en el lugar del trabajo y la que fomenta la lactancia entre las empleadas”, detalló la representante de la OPM.

Royo informó que desde 2007 hasta 2013 se ha producido una baja, pero de forma inconsistente, pues de las 323 reclamaciones presentadas en 2013 por razón de sexo, 85 eran por hostigamiento sexual, de las cuales 77 son mujeres y ocho varones.

El representante Santa Rodríguez no descartó que se enmienden las leyes para una mayor efectividad, incluso para que el culpable del acto de hostigamiento sexual pague de su propio bolsillo los daños ocasionados, que en la actualidad en las agencias públicas los sufraga el gobierno.