Opinión: Reaparece Giuliani
Entre los infortunios del Gobierno con las polémicas fotomultas y el alerta de tsunami privatizador que, desde el Senado, busca desmantelar el Departamento de…
Entre los infortunios del Gobierno con las polémicas fotomultas y el alerta de tsunami privatizador que, desde el Senado, busca desmantelar el Departamento de Educación, ha pasado por alto el anuncio de que próximamente el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani se unirá al equipo de asesores del gobernador en materia de seguridad.
Al momento la noticia no ha generado la discusión que requiere, a pesar de los efectos que tendría en la isla la implantación de las estrategias policiacas experimentadas en la Gran Manzana bajo el mandato de Giuliani (1994-2001) con el alegado objetivo de reducir la incidencia criminal.
En los últimos años, el presidente de la firma Giuliani Partners, LLC se ha concentrado en mercadear por América Latina el modelo de seguridad que instituyó en Nueva York conocido como tolerancia cero.
Su enfoque, sostenido en la teoría de las “ventanas rotas”, sugiere que los problemas de seguridad tienen que enfrentarse con más fuerza, incrementando el uso de tecnologías de vigilancia (Computerized Statistics – CompStat), recrudeciendo penas y reprimiendo vehementemente cualquier transgresión de ley por más insignificante que sea.
Como táctica comercial, su modelo es mercadeado como uno “dedicado a ayudar a los líderes a resolver cuestiones estratégicas críticas”, según se indica en su perfil corporativo.
La asesoría técnica de Giuliani ha sido bien recibida entre las élites empresariales de varios países latinoamericanos, así como en algunas ciudades en Estados Unidos, al punto que en poco más de una década su firma de consultoría ha acumulado más de $100 millones en ganancias.
En México, por ejemplo, varias asociaciones de industriales cabildearon para que el Gobierno de ese país hiciera suya la política de tolerancia cero contratando los servicios del “experto” exalcalde. Así, en 2003, Giuliani logró un contrato de asesoría con el Gobierno mexicano por $4 millones, como se desprende de una información divulgada por la revista Warscapes.
Según esta publicación, Giuliani también se ha agenciado otros buenos contratos en la región, como en Guatemala, país en el que ha fungido como consultor del Gobierno y en donde, en un encuentro convocado por la Fundación Guatemalteca para el Desarrollo, señaló que el problema del crimen “no se va a resolver con las escuelas, las bibliotecas, los barrios bonitos y equipos deportivos. Hay que hacer hincapié en la aplicación de la ley”.
Las recetas anticrimen de Giuliani también han sido propuestas por grupos empresariales identificados con la ortodoxia neoliberal en El Salvador. De hecho, información divulgada por el periódico digital Elsalvador.com confirma que, desde principios de este año, un equipo de consultores de la firma de Giuliani se encuentra en ese país diseñando el nuevo plan de seguridad que instalará el Gobierno. En Puerto Rico, la presencia de Giuliani no es nueva. Bajo la gobernación de Luis Fortuño hubo acercamientos para instituir en la isla las mismas políticas públicas que se establecieron en Nueva York.
Mas en esta ocasión la sugerencia de contratar al exfuncionario neoyorquino como asesor del Gobierno proviene de una propuesta de varios representantes del sector privado, según información que trascendió esta semana. Se ha dicho que el cónclave de empresarios le comisionó a Giuliani un estudio sobre seguridad nacional, cuyos hallazgos ya se les presentaron al gobernador.
Este es un asunto que hay que seguir de cerca. Más allá de las fanfarrias sobre el alegado “éxito” del plan de Giuliani, se oculta un modelo policiaco con un fuerte andamiaje represivo zurcido en un sofisticado diseño de vigilancia normalizada como control social y disciplinario.
Los efectos de esta estrategia anticrimen aparecen en los informes de la Coalición de Derechos Civiles de Nueva York, los que revelan cómo el modelo de Giuliani se enfila desproporcionadamente contra los sectores pobres y marginados, incrementando la brutalidad policiaca, exacerbando las desigualdades y beneficiando a una minoría de intereses privados.
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