Afirman que AGP “gesta fraude eleccionario con voto extranjeros”
La representante Lourdes Ramos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que el gobernador Alejandro García Padilla “no puede abrir la puerta a un fraude…
La representante Lourdes Ramos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que el gobernador Alejandro García Padilla “no puede abrir la puerta a un fraude masivo en las elecciones, garantizando el voto de extranjeros sin importar su estatus migratorio, a sabiendas que la Constitución claramente establece que solamente los ciudadanos americanos residentes pueden ejercitarlo”.
Ramos ve catalogó de “bochornoso y lamentable que García Padilla eche a la basura la democracia puertorriqueña que es vitrina de probidad en el Hemisferio, para congraciarse con el presidente Danilo Medina y levantar falsas expectativas” en la comunidad dominicana residente en la Isla.
“Imagino que Danilo (Medina) aceptó votantes boricuas en las elecciones de la República Dominicana”, comentó con ironía, al tiempo que reclamó que si García Padilla quiere ampliar derechos, “que acepte que la estadidad ganó en el pasado referéndum y que propicie la admisión de Puerto Rico como nuevo estado de la Unión, con dos senadores y siete representantes en el Congreso”.
Igualmente, la legisladora exigió al gobernador que “le explique a la comunidad dominicana a la que le impuso impuestos en el envío de remesas si el acuerdo con el gobierno dominicano para promover mejoras en las áreas de Tributación Internacional, control y administración de impuestos directos e indirectos, es otra medida para fiscalizar el esfuerzo del trabajador dominicano en la isla para que pague nuevos tributos, tanto allá como acá”.
“Con qué fuerza moral el gobernador promueve progreso y calidad de vida en el exterior, mientras lleva a la miseria y la pobreza a nuestro pueblo”, se preguntó.
Exigió que García Padilla explique “cómo facilita la importación de productos dominicanos para promover empleos en ese país, mientras en Puerto Rico ha descalabrado la economía, ha empujado al desempleo a más de cien mil jefes de familia y ha propiciado la emigración de 50 mil jóvenes y profesionales puertorriqueños, por su disparatada política económica y falta de trabajo”.
Dijo que si al presupuesto deficitario del gobierno -para el que se han impuesto sobre 80 nuevos tributos a la familia puertorriqueña- “le sobra medio millón de dólares para costear becas a estudiantes dominicanos, es justo que el gobernador les asegure a los padres de estudiantes puertorriqueños que al inicio de clases se han reclutado todos los maestros necesarios para la educación a la que tienen derecho sus hijos por mandato constitucional, incluyendo los maestros de educación especial”.
Expresó que si García Padilla firmó un convenio para promover la enseñanza del idioma inglés en República Dominicana con la ayuda de la Universidad de Puerto Rico, “es justo que los estudiantes puertorriqueños a todos los niveles tengan acceso a la enseñanza sin restricciones del segundo idioma oficial de la isla”.
Indicó Ramos que “si García Padilla va a facilitar que estudiantes dominicanos paguen como residentes puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico, es propio que asegure la solvencia fiscal de la entidad para que los estudiantes del país no tengan que pagar aumentos en matrícula ni obligar a sus padres a recurrir a préstamos para costear la educación superior en universidades privadas”.
La política dijo que si el gobernador “cederá a República Dominicana un significativo aporte en chalecos, armas y equipos, es porque primero pide perdón a los policías puertorriqueños a los que su gobierno tildó de corruptos, les garantiza el mejor equipo para su seguridad personal, no les niega el pago del ‘enfermito’, y mejora sustancialmente sus condiciones salariales y de trabajo”.
Afirmó además que si García Padilla “concretó un convenio para que los policías dominicanos reciban entrenamiento en las agencias puertorriqueñas, es porque restituye el Colegio Universitario de Justicia Criminal que degradó como Academia de la Policía, promueve el profesionalismo de los agentes con educación universitaria, asegura avances tecnológicos para la lucha contra el crimen y sustituye la flota vehicular con nuevas y modernas unidades de vigilancia”.
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