"Mayita" pide que hable claro sobre el Puerto de las Américas

“En la mañana de hoy he remitido una carta al gobernador Alejandro García Padilla para que de una vez y por todas su administración hable con claridad a los ponceños sobre si al concluir el periodo de 10 años que dispone la Ley 156 de 2013 sobre la cesión de franquicia portuaria de Ponce, realmente nuestra ciudad recibirá la totalidad de los activos portuarios transferidos a la Autoridad del Puerto de Ponce”, dijo la alcaldesa.

Meléndez Altieri indicó que durante meses el municipio ha procurado adelantar “de buena fe” las negociaciones con el gobierno central sobre los términos y condiciones bajo los cuales serían transferidos los activos portuarios municipales conforme exige la Ley 156 de 2013. 

La Ley 156 enmendó la Ley 240 de 2011 que creó a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP).

“Hemos expresado por escrito que estamos en disposición de mantener la mayor flexibilidad en cuanto a las cláusulas económicas y el término del contrato con la APP a fin de facilitar la negociación con el operador privado. La posición municipal está predicada en el entendimiento de que al término de los 10 años la titularidad de todos los activos de la APP pasarían al Municipio”, sostuvo. 

Sin embargo, aseguró que “los asesores legales del Departamento de Desarrollo Económico y de la Autoridad del Puerto de Ponce han asumido una interpretación de la Ley 156 de 2013 que limita significativamente cuales son los activos que la ciudad de Ponce recibiría de vuelta al cabo del plazo de 10 años que dispone esa ley sobre la cesión de la franquicia del muelle municipal”.

Meléndez Altieri manifestó que hasta los gestores de la ley 156 de 2013, entre ellos el representante Víctor Vassallo, han expresado que la intención  legislativa de la Ley 156 “es clara de que al cabo de los 10 años el municipio recibirá todos los activos que la APP haya recibido de cualquier fuente, no solo del municipio”.

“La postura que pretenden adelantar los abogados del Departamento de Desarrollo Económico y la APP por supuesto darían al traste las expresiones públicas hechas hace poco más de un año por los defensores de la Ley 156 de que el control del Puerto de las Américas regresará al Municipio de Ponce en un periodo de 10 años, con todos los activos e inversiones incluidas”, expuso Meléndez Altieri.

La alcaldesa recordó que la Ley 156, aprobada en diciembre de 2013, alteró la composición de la junta de directores de la Autoridad del Puerto de Ponce por completo para otorgar al gobierno central el control completo de los activos portuarios de Ponce. 

A eso se sumaría ahora la postura de los abogados del Departamento de Desarrollo Económico y la Autoridad del Puerto Ponce, que limita lo que el MAP recibiría a los 10 años -de los cuales restan ya menos de 9- a aquella propiedad que el MAP haya cedido a la APP.

“Como alcaldesa de Ponce tengo la responsabilidad de exigir al gobernador que indique si era cierto lo que se le indicó públicamente al país sobre el traspaso al municipio de la totalidad de la propiedad de la APP al cabo de los 10 años o si, por el contrario, se trataba de un artificio para mitigar la percepción pública sobre los efectos nocivos que implica la Ley 156 para el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, y que el tiempo nos ha ido validando”, señaló.