Opinión: Lustrados delincuentes

Sucede, en cambio, que muy pocas veces las autoridades policiacas van contra quienes manejan los hilos de esa alta estructura delictiva, muchos de los cuales son, a su vez, figuras de abolengo en el orden político y económico del país.

Pensemos, por ejemplo, en el caso del abogado Juan Ramón Zalduondo Viera, arrestado la pasada semana por participar de las actividades ilícitas que conduce el narcotraficante Carlos Morales Dávila.
Resulta que este señor, con donaire de patriarca, es señalado como uno de los responsables de transmutar las ganancias provenientes del mercado ilícito de la droga en dinero legal a través de depósitos en cuentas bancarias y en cooperativas.

Al menos se han identificado varias transacciones realizadas por este abogado y que en los últimos tres años suman más de tres millones de dólares. Una cantidad considerada de billetes provenientes de la calle, de actividades ilegales, manchados de sangre y con olor a droga que también —se alega— se dispuso para transitar por el mercado de bienes raíces y por las arcas de concesionarios de yates y autos de lujo.

Basta revisar el pliego acusatorio contra este abogado para conocer la vinculación que se estable entre su empresa Juaza y el esquema de lavado de dinero derivado del narco mercado.

Zalduondo, empero, no es el único profesional bien acomodado de la Isla que ha formado parte de una red de narcotraficantes y que ha alimentado sus cuentas bancarias con dinero sucio, como arguye la fiscalía federal. Hay más, muchos más.

Pero en este caso, además de su notorio plante como figura reconocida en el mundillo jurídico, se destaca su presencia en las altas esferas del partido político de turno en la gobernación y en importantes círculos de la mal nombrada alta sociedad, entre ellos alrededor de los miembros del más alto foro judicial.

Informes periodísticos han revelado que el enchufe de Zalduondo con los miembros de la judicatura se revertía en resoluciones de casos a su favor. Se cita, al menos, la relación de este acaudalado sujeto con algunos exjueces del Tribunal Supremo y cómo esa relación le sirvió para adelantar sus objetivos empresariales por encima del bienestar del país.

La ventaja que adquieren señores con poder económico para influenciar políticas públicas y decisiones judiciales, mediante la afrentosa actividad del cabildeo y las contribuciones a políticos, es harta conocida entre la ciudadanía y para muchos es considerada como uno de los peores lastres de nuestra sociedad.

Para otros, sin embargo, la ecuación es simple: si tienes dinero consigues lo que desees, aún por encima de la ley, y para eso se sirven de ocupar sillas de importancia en juntas de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y partidos políticos, tal y como hizo el señor Zalduondo para agenciarse un velo de impunidad.

Estos sujetos no son más que lustrados delincuentes que presumen que su dinero y su red de influencias los mantendrán inmunes de enfrentarse a un juzgado y por eso van hasta el límite de su avaricia.

Tipos de esa calaña son falsarios, ladrones inmorales, cacos de cuello blanco y manos de seda. Son los mismos que luego vemos financiando campañas políticas y levantando muros contra el avance de la democracia y la equidad.

Son los verdaderos grandes del negocio de la droga ilegal; los beneficiarios del capital que genera el narcotráfico; los representantes de esa nueva clase que nos corroe: la narcopolítica.