Yulín reitera su oposición a la crudita
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se limitó hoy a reiterar su oposición al Proyecto de la Cámara 2212, que aumenta de $9.25 a $15.50 el impuesto al…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se limitó hoy a reiterar su oposición al Proyecto de la Cámara 2212, que aumenta de $9.25 a $15.50 el impuesto al barril del petróleo, y remitió cualquier pregunta relacionada a la medida al gobernador Alejandro García Padilla.
En momentos en que muchos se preguntan las razones por las que el primer ejecutivo ha retrasado la conversión en ley del P. de la C. 2212, conocido como la “crudita”, luego del tropezado proceso legislativo que atravesó para ser aprobado, la alcaldesa de San Juan rechazó comentar al respecto y solo reiteró su oposición.
“Eso lo tiene que contestar el gobernador. El país está claro y yo creo que la crudita es mala para el país”, dijo escuetamente Cruz Soto a preguntas de Metro en medio de una conferencia de prensa en la que anunció la asignación de $1.25 millones en equipo para la Policía municipal y Manejo de Emergencias municipal.
Las declaraciones de la alcaldesa surgen luego de varias semanas de disputas públicas con el primer ejecutivo debido a que el gobernador afirmó que Cruz Soto apoyaba la crudita, que también daría solvencia al Banco Gubernamental de Fomento, pero esta rechazó que eso fuera cierto.
Aunque el impuesto al crudo fue aprobado en la Legislatura el 8 de diciembre en una sesión extraordinaria y con un voto del Partido Nuevo Progresista (PNP), no fue hasta el 17 de diciembre que arribó la redacción final del proyecto a La Fortaleza. Para que fuera aprobado, el gobernador amenazó con que el servicio de transporte colectivo que provee la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), una de las agencias que se “salvaría” con el proyecto, sería paralizado, cosa que no ocurrió por un supuesto compromiso legislativo para aprobarlo.
Actualmente, el primer ejecutivo sostiene que, como ya la crudita está aprobada y hay un compromiso con que los ingresos llegarán, no es necesario convertir en ley inmediatamente la medida. Por tal razón, determinó que las agencias pertinentes se tomen los 30 días que tienen en ley para analizarlo, antes de que sea firmado.
Sin embargo, tanto García Padilla como líderes legislativos, han confirmado que conversan los posibles cambios que le harán a la medida luego de que sea convertida en ley y de cara a la próxima sesión legislativa.
