Opinión: Lucha entre innovación y proteccionismo

Desde India hasta Madrid, España, los Gobiernos locales están en una batalla frente a frente contra esta app disruptiva. Y es que los Gobiernos y los taxistas tienen en común el deseo de mantener su modelo tradicional de negocio. Por un lado, el Estado perdería miles en licencias y permisos, mientras que los taxistas perderían su “cuasi monopolio” en el negocio del transporte.  En Nueva York, por ejemplo, las licencias de taxi (medallions) este año han perdido 20 % de su valor. Sin duda, el asunto de Uber es cosa seria y nadie quiere dar su “brazo a torcer”.

En Puerto Rico, la Federación de Taxistas ha alzado su voz de protesta en contra de Uber alegando que “amenaza con desplazar los taxis del área metro”. Y parece que la batalla podría ser aún más fuerte tan pronto Uber active su servicio en la isla.

El senador Antonio Fas Alzamora radicó el pasado mes de octubre el Proyecto del Senado 1209 para crear la “Ley de Transporte Mediante Aplicaciones Móviles”. Del saque se presume que estas aplicaciones “afectan la seguridad de los ciudadanos y turistas” y operan “al margen de la ley”. Wow… ¿en serio? En vez de demonizar por qué no buscar la manera en que estos servicios puedan ser parte del ecosistema de transporte público de Puerto Rico. Sentándose a dialogar con estas empresas, estoy seguro de que el Gobierno podría cobrar impuestos y velar por la seguridad de sus pasajeros.
Me pregunto qué alternativa tecnológica han ofrecido los taxistas de Puerto Rico para simplificar la manera de conseguir un taxi. ¿Cuántos de ustedes saben un número de teléfono para pedir un taxi en la isla? ¿Saben cómo conseguir un taxi fuera de la zona de Isla Verde o Condado? Yo no. Ciertamente, la mayoría de los residentes en San Juan ni saben cómo solicitar uno. En México, los taxistas hicieron frente a servicios como Uber creando una app llamado Yaxi. 

En síntesis, el proyecto de ley de Fas Alzamora busca obligar al que quiera ofrecer servicio de transporte vía apps, como Uber y Lyft, a que obtengan un permiso de la Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo. Puedo entender que detrás de esta iniciativa exista interés del Gobierno en mantener estándares de seguridad. Sin embargo, no puedo tolerar que el Gobierno quiera restringir la entrada de servicios de transporte innovadoras  utilizando un sistema anacrónico como una mal llamada franquicia de necesidad y conveniencia. El proyecto de ley añade que esto es necesario  porque “se puede afectar el servicio que ofrecen las empresas de transporte a pasajeros que actualmente operan”. O sea, ¿es función del Estado proteger industrias? Yo vivo en un país capitalista, no paternalista.

Estos certificados para lo único que sirven es para restringir la competencia y darles trabajo a cabilderos. Así de sencillo. En lugar de legislar para proteger a unos pocos, quiero legislación que fomente un Puerto Rico mucho más ágil y moderno que maximice el poder de la tecnología para sacarnos del boquete económico que estamos anclados. No podemos permitir que mediante legislación se restrinja la innovación. Existe el potencial de crecimiento de negocios para los transportistas en Puerto Rico. En un país en el que cada vez la población envejece, aumentará la necesidad de servicios de transporte. Abróchense los cinturones; esto apenas comienza.

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