Aprobada la "crudita" en la Cámara

En la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), los representantes Carlos Vargas y Luis Raúl Torres fueron los que completaron los 26 votos para aprobar la medida, a pesar de que señalaron en el pasado que estaban en contra.

Mientras que la representante Luisa “Piti” Gándara se abstuvo de votar para evitar “apariencia de conflicto de interés” y el representante Manuel Natal, al igual que la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), votó en contra del proyecto. La representante María Charbonier estuvo ausente.

“(Esta medida) es para devolverle el 24 % de la liquidez del BGF, una cuarta parte del banco de Puerto Rico”, alegó el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, durante su turno en el debate para defender la medida. Perelló culpó a la administración de Luis Fortuño de que la ACT llegara a una deda de $2,200 millones en un cuatrienio, dinero que le debe al BGF y que ha provocado en parte la falta de liquidez en la institución bancaria.

Sin embargo, la portavoz del PNP en la Cámara, Jenniffer González, criticó la medida y hasta amenazó con ir a los tribunales con su delegación por considerar que es “inconstitucional” y que va en contra de otras leyes.

“Es patético que estemos aquí hoy aumentando la deuda, desvistiendo un santo para vestir otro, dándole un cheque en blanco a Hacienda para que, si se quedan cortos en los recaudos, Hacienda utilice los fondos que sean necesarios y los asigne para cumplir con los bonos de Carreteras. Un cheque en blanco. De qué vale aprobar un presupuesto en junio si Hacienda a a manejar la chequera de los fondos públicos como le plazca, sin la autorización legislativa para hacerlo. Eso también es una violación de las prerrogativas constitucionales de los legisladores en la aprobación de un presupuesto del país. también hace la medida inconstitucional”, expresó González en su turno de debate.

La portavoz del PNP también sostuvo que esta medida excede el 15 % del margen prestatario que permite la Constitución y cuestionó la rapidez con que se pretende aprobar el impuesto, cuando será puesto en vigor en marzo del próximo año.

“Ustedes renunciaron a la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico cuando aprobaron la ley de quiebra criolla y hoy ustedes, los que tanto pregonan la autonomía fiscal, vuelven y renuncian a la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico y la suspenden para que sean las cortes de Nueva York las que atiendan cualquier asunto o mitigación sobre la mitigación de bonos (resultado de la “crudita”)”, agregó.

La medida propone, entre otras cosas, transferir la deuda de la ACT a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), que emitirá bonos para saldar la deuda de la ACT con el BGF. Así se le dará solvencia al BGF.

A petición del representante Torres, que primero estaba en contra de la propuesta, se incluyeron unas disposiciones para que la medida sea atada a la reforma contributiva, que no ha sido siquiera presentada en borrador. Además, se creó un comité que evaluará qué otras alternativas podrían implementarse en lugar del impuesto al petróleo para sustituirlo, de ser necesario, antes del 15 de marzo, cuando el impuesto deberá entrar en vigor.

Torres sostuvo que ahora también impusieron una fecha límite para la presentación de la reforma contributiva, el 15 de febrero, y una para su aprobación, el 15 de marzo. El 15 de enero presentarán las posibles alternativas del comité a la “crudita”.