Se mantienen en pie de lucha contra “la crudita”

La protesta generada por el proyecto del gobernador Alejandro García Padilla no alcanzó la masividad que se anticipaba en un principio, debido a que se revocó la decisión de paralizar las labores en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y los servicios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Tren Urbano, Metrobús y el servicio de lanchas.

El proyecto para incrementar el impuesto al petróleo y derivados, denominado “la crudita”, no contaba hasta entrada la tarde los 26 votos necesarios para su aprobación en la Cámara de Representantes, contrario a lo anunciado anoche por el mandatario en un mensaje por televisión.

La manifestación del Día de la Indignación Nacional en el ala norte del Capitolio, convocada originalmente por el capítulo de Prosol-Utier en la ACT, contó con la participación de los gremios de los docentes y de organizaciones políticas.

Representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) y el Frente Socialista tuvieron en la protesta que se realizó bajo extremas medidas de seguridad en el Capitolio.

“Al inicio de las fiestas navideñas, el gobernador nos lanza a la calle en una medida de chantaje y presión contra su propia Legislatura”, estableció Prosol-Utier al hacer la convocatoria previo al anuncio de García Padilla de que no se suspendería la labor en la ACT y que los servicios de transportación continuarían.

La presidenta de la Federación de Maestros, María Elena Lara, expresó que “llevamos ocho años sin aumento de salario, nos redujeron el bono y encima quieren que nos sacrifiquemos más; que la crisis la paguen los ricos”.

“El magisterio es parte de los trabajadores más atropellados por esta Legislatura”, destacó por su parte Emilio Nieves Torres, presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), además de acusar al gobernador García Padilla de emplear “terrorismo institucional” en vez de defender la educación pública.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago censuró los proyectos onerosas que contemplan hacer en municipios a partir de la aprobación de “la crudita”, como una pista de patinaje al costo de un millón de dólares en Juncos.

“Este es el país en que se amenaza con cerrar 500 escuelas en el curso de los próximos cinco años”, dijo la también vicepresidenta del PIP.

Agregó que la situación actual es producto de “un sistema de subordinación política que no pare más”.

El portavoz del PPT, Rafael Bernabe, aseguró que de imponerse un gravamen de 1.5 por ciento a los 35 mil millones de dólares que repatrian cada año las corporaciones foráneas, tal como ha sugerido el representante Manuel Natal Albelo, del Partido Popular Democrático (PPD), dejaría 500 millones de dólares, 300 mil más que lo que produciría “la crudita”.

Criticó que esas empresas no reinviertan en el país y al PPD y al Partido Nuevo Progresista (PNP), que “gobiernan de igual manera”.

“El debate no es que en Puerto Rico hay una crisis, es cómo vamos a salir de la crisis”, añadió Bernabe al sostener que el gobernador García Padilla solo hace hincapié “en la crisis”.

La copresidenta del MINH, Wilma Reverón, afirmó que entre los integrantes de las organizaciones presentes en la protesta no había contradicción “porque es una sola realidad la que afecta al pueblo”.

Acusó a las diversas administraciones de gobierno de vender los bienes públicos y establecer impuestos para solucionar los problemas fiscales del país, sin que esto se haga realidad.

Reverón preguntó dónde estaba el dinero de la venta de la Telefónica, que se suponía mejoraría la situación de los sistemas de retiro; el dinero del Impuesto de Venta y Uso (IVU) que también venía a solicionar problemas fiscales, y acusó a los gobernantes de servir “a una sola clase, la del billete”, en referencia al capital.