Denuncian posible aumento en depósito de cenizas de carbón en Ponce
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Ponce, por conducto de su representante José Escabí, denunció hoy que como consecuencia de las decisiones…
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Ponce, por conducto de su representante José Escabí, denunció hoy que como consecuencia de las decisiones judiciales declarando ilegales los depósitos de cenizas de carbón procedentes de la empresa AES de Guayama en Peñuelas y Humacao, el volumen de éstas que son traídas al vertedero municipal se estaría multiplicando.
“No es secreto para nadie que las cenizas de carbón han sido probadas como tóxicas y que hace tiempo se le entregó a la Junta de Calidad Ambiental un análisis realizado a las cenizas de carbón, conocidas como Agremax, en la urbanización Parque Gabriela, en Salinas. Ese análisis demostró que las cenizas de carbón contienen altas concentraciones de metales pesados, la mayoría cancerígenos, y radioactividad hasta tres veces lo permitido”, dijo el doctor en Química.
Agregó que “por esa razón ha sido prohibida su disposición por legislaturas municipales en varios municipios de la isla. El pasado cuatrienio (2009-2012), nuestro excandidato a alcalde, José Madera, presentó un proyecto de investigación ante la legislatura municipal de Ponce como ciudadano, para que se iniciara una investigación sobre el depósito de este veneno y los posibles efectos en las comunidades aledañas al vertedero, pero fue engavetada”.
E informó que el pasado año, “nuestro legislador municipal también presentó un proyecto similar ante la legislatura municipal aun cuando fue referido a una Comisión, pero no ha sido discutido”.
“Comunidades como La Matilde, Baramaya, La Cotorra, Punta Diamante, Jardines del Caribe y Nueva Vida podría estar siendo los perjudicados directos de los efectos nocivos a la salud de estas cenizas, cuando el viento la levanta y la lleva en esa dirección”, añadió José Víctor Madera Cabán, presidente del PIP en Ponce.
“Estamos solicitando a la alcaldesa que dé paso a la investigación solicitada y, de resultar cierta la información, que inmediatamente dé paso a la ordenanza que prohibiría dicha práctica”, concluyó Escabí.
