Cierre de ACT: “El principio del final”

El propulsor del tren advirtió que una medida como esa hubiera tenido un efecto cascada en el resto del Gobierno y que de inmediato la ACT hubiera sido considerada como “alto riesgo”, lo que limitaría el acceso a fondos federales. Anoche el gobernador Alejandro García Padilla dejó sin efecto el anunciado cierre de la ACT, porque dijo tener los votos para un impuesto a los derivados del petróleo, sin especificar quiénes dentro de la delegación mayoritaria habrían cambiado su voto. 

“No es lo mismo hablar del lobo que verlo venir… Es la primera vez que el pueblo se enfrenta a unas consecuencias directas de la crisis”, dijo Pesquera. El también excandidato a la gobernación opinó que en la ACT ya no hay más soluciones temporeras, aunque no pudo precisar si el impuesto a los derivados del petróleo es la única salida. “Que sea esa la solución única que hay… le corresponde al partido de gobierno buscar las alternativas… Creo que, ante la magnitud del problema, esa tiene que ser una de las alternativas, pero también tiene que haber una reducción de gastos y eficiencia mayor”, agregó. 

Una opción sería transferir dineros del fondo general a la ACT, pero Pesquera afirmó que no hay precedentes de ello. Otra opción podría ser que el Gobierno central asuma responsabilidades de la ACT, como la AMA o las lanchas. 

Si hoy se cierran los servicios de la ACT y se paralizan los contratos, la corporación entra en incumplimiento con los contratistas, ya que, según explicó el exjefe del DTOP, el cierre es por “causas ajenas a los contratistas”. “No pueden levantar el argumento de falta de fondos porque cada contrato que se firmó llevaba una garantía de que estaban los fondos disponibles. El Gobierno se retira unilateralmente de ese pacto e inmediatamente incumple con sus responsabilidades contractuales. Eso significa que el contratista va a tener reclamaciones. Los proyectos acaban costando más. El Gobierno federal no va a participar en esos gastos porque no son gastos elegibles. La ACT entraría de inmediato en alto riesgo con los federales. El Gobierno federal presta bajo la premisa de que el Gobierno estatal tiene la capacidad para hacer los proyectos y hacer los pareos”, detalló Pesquera. 

En el caso específico del Tren Urbano, donde ya existe una deuda con el contratista, un cese de operaciones podría provocar que el contratista abandone la operación definitivamente para litigar el cumplimiento de la totalidad del contrato. 

Del mismo modo, el doctor en Ingeniería destacó el tema de seguridad. “Operar nuevamente conlleva unos procesos de reinicio que tienen que ver con seguridad. La primera vez, el tren estuvo meses a prueba”, sostuvo. 

“¿Usted cree que el secretario del DTOP advirtió de todos estos escenarios al gobernador?”, preguntó Metro. “Estoy seguro de que bajo la responsabilidad del secretario está esa consideración”, respondió.