Colegio de Abogados reafirma su oposición a la pena de muerte

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico aprobó una resolución unánime en la cual repudió los actos violentos suscitados la semana pasada en Guaynabo…

Por Inter News Service

24 nov 2014, 11:00 pm 2 min de lectura

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico aprobó una resolución unánime en la cual repudió los actos violentos suscitados la semana pasada en Guaynabo, a la vez que se solidarizó con las víctimas y reafirmó su oposición a la violencia como reacción social y como medida penal.

Al reconocer que el lamentable suceso en los Frailes lacera la fibra humana más íntima, la institución advirtió que esto “no puede ser óbice para darle al gobierno el extraordinario poder de matar a una persona, cuando conocemos de un sinnúmero de casos en Estados Unidos en donde se ha condenado a la pena capital a (más de) un inocente”.

“La violencia como solución del Estado a los problemas sociales demuestra inmadurez institucional y una falta de civilización a la que no puede aspirar nuestro país”, dijo el Colegio de Abogados.

El presidente de los abogados colegiados, Mark Anthony Bimbela, reconoció que “la crisis social en Puerto Rico está descontrolada, pero eso no significa que debamos rendirnos y que no aspiremos a tener un mejor país”.

Bimbela exhortó al gobierno a proveer ayuda tanto al menor sobreviviente como a las familias de los acusados.

“Obviamente, el menor sobreviviente es un interés apremiante para el Estado que se debe atender con premura, debido a lo brutal y traumático del hecho. Sin embargo, siempre nos olvidamos que la familia de los transgresores también sufre y se traumatiza en el proceso. Aunque sabemos que no es en el mismo grado, lo cierto es que también hay que prestarle atención”, dijo.

La resolución aprobada el pasado sábado establece que si el tribunal ordena el nombramiento de un defensor judicial al menor sobreviviente para los procesos relacionados a su custodia, el Colegio de Abogados está en la mejor disposición de nombrar gratuitamente a un abogado o abogada experto en relaciones de familia.