Asociación de Psicología se opone a la pena de muerte
Esto a raíz del caso de masacre en Guaynabo.
La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), a pesar de reconocer el profundo dolor y frustración que han generado situaciones de extrema violencia como es el caso del asesinato a la familia de Guaynabo, se mostró contrario a la aplicación de la pena de muerte.
La presidenta de la APPR, Sheilla Rodríguez Madera, expresó que “es usual que este tipo de evento fomente que las personas sientan desesperanza y deseos de lograr ‘justicia’ mediante medidas draconianas, como es el caso de la pena de muerte. Ciertamente, nada justifica que se apague la vida de un ser humano mediante un acto de violencia y, aunque las personas responsables del acto merecen ser castigadas por su ejecución, la pena capital no debe ser la opción”.
“No se le puede dar al Estado un ‘cheque en blanco’ para matar a una persona que ha realizado un acto criminal, porque se sabe que en contextos donde la pena capital existe, quienes se ejecutan son las personas pobres y en su mayoría pertenecientes a grupos minoritarios. Los ricos no van al corredor de la muerte”, aseveró.
Agregó que también “se sabe que este tipo de castigo extremo, que violenta los derechos humanos, rara vez sirve de disuasivo para las personas que cometen crímenes”.
“Este tipo de muerte violenta, al igual que otras por causa de la violencia de género y el trasiego de drogas ilegales, no debe hacer emanar lo peor en nosotros como sociedad. Debemos asumirlo como una oportunidad, aunque dolorosa, para reflexionar críticamente sobre las causas reales y profundas -no las inmediatas- de estos desafortunados eventos”, explicó la profesional.
Señaló que “este tipo de evento violento es un reflejo de un problema social mucho más amplio, que se relaciona con la falta de opciones que genera la opresión social, la falta de educación, y las pobres destrezas de manejo de conflicto, entre tantas otras situaciones”.
Rodríguez Madera invitó a que “la respuesta a situaciones como ésta no puede ser responder con más violencia. La salud pública y la seguridad ciudadana necesitan que nos repensemos como sociedad, en vías a transformar las condiciones para que las personas puedan disfrutar de buena salud, calidad de vida y derechos humanos”.


