Opinión: En la oscuridad
No es un secreto que Puerto Rico necesita un cambio trascendental en el manejo de la operación del gobierno, particularmente en el área de las finanzas…
Por Alejandro Figueroa @ajfc1976
No es un secreto que Puerto Rico necesita un cambio trascendental en el manejo de la operación del gobierno, particularmente en el área de las finanzas públicas. Tras largos años de “ordeñar la vaca”, ahora nos encontramos ante una realidad ineludible; el gobierno de Puerto Rico no puede, ni debe, ser el motor principal de la economía. Esta filosofía es la que nos trajo a la presente situación en la que la deuda pública es mayor al producto bruto de la isla, todos los indicadores económicos se encuentran en terreno negativo, los ingresos del gobierno siguen reduciéndose y los puertorriqueños emigran cada vez en mayores cantidades a distintos estados de nuestra nación en búsqueda de un mejor porvenir.
Ante esa realidad, y la falta de capacidad de la administración de turno para implantar soluciones efectivas para atender nuestros problemas, la respuesta ha sido la implantación de un sinnúmero de impuestos para aumentar los recaudos gubernamentales a expensas del bolsillo del pueblo trabajador.
La improvisación con las que implantaron estas medidas y la falta de estrategias coherentes para reactivar nuestra economía ha provocado que el gobierno intente “reformar” las operaciones de las corporaciones públicas y el sistema contributivo, entre otros. En el caso de las corporaciones aprobaron una ley que establece un proceso de reestructuración de la deuda. En cuanto al sistema contributivo, el PPD propone la implantación del Impuesto al Valor Añadido o IVA en sustitución del IVU.
Más allá de la falta de efectividad de estas “reformas”, las cuales ya hemos discutido anteriormente, lo preocupante es el dinero que se ha invertido para su implantación a espaldas del pueblo. Así sucedió con los informes encomendados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a Boston Consulting Group por la friolera de $3.1 millones, por el Departamento de Hacienda a la firma KPMG para analizar el sistema contributivo de Puerto Rico, y por la AEE a la firma Alix Partners, representada por la señora Lisa Donahue. A pesar de que costaron millones de dólares, desconocemos su contenido, ya que la administración de turno ha decidido mantenerlos en secreto. De entrada hay que señalar que la información del gobierno es pública, salvo que medien algunas de las excepciones como motivos de seguridad. Sin embargo, es evidente que a la luz de los propósitos por los cuales fueron encomendados estos informes no deberían estar cobijados bajo excepción alguna por lo que deben estar disponibles para el público. Dicho de otro modo, la única explicación lógica a esta secretividad con los informes es que el gobierno teme que salga a la luz pública la información que contienen.
Ahora bien, ¿por qué le puede preocupar al gobierno que el pueblo conozca la verdad? Los informes no pintarán un cuadro económico distinto al que conocemos. Por tanto, es lo más lógico concluir que estos informes desmienten los planteamientos que ha esbozado el PPD desde que asumió las riendas del gobierno en enero de 2013. Es decir, seguramente los informes arrojan luz sobre los avances que hizo la administración del PNP en beneficio de las finanzas de la AEE. Asimismo, deben señalar la ausencia de necesidad de cambiar el IVU por el IVA, y con gran probabilidad destapan el impacto económico y fiscal que esto conlleva. Nada de eso quieren que se sepa y por eso esconden la información.
Cuando la mayoría del pueblo votó por el PPD confiaba en que no los tendrían en la oscuridad sobre cómo manejarían el gobierno. La única manera de despejar este sentir y de desmentir los planteamientos que hemos presentado es haciendo públicos los informes y que el Pueblo conozca de primera mano la verdad. Que pongan en práctica el slogan de “primero la gente” y los hagan públicos y desistan de ser cómplices de la mentira con su silencio.
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