AGP no cree necesaria ley de acceso a datos
Hermetismo. Sobre la publicación de informes, el gobernador se limitó a decir que ya la ley establece cuáles deben ser públicos.
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
“(Un informe) cuando sea final, se hace público. Lo que son documentos de trabajo pues por supuesto no lo son, y eso está reconocido. Se está cumpliendo con la ley”. —Alejandro García Padilla, gobernador, reacciona a la solicitud de publicación de informes
En momentos en que diversos sectores del país exigen acceso a informes gubernamentales financiados con fondos públicos, el gobernador Alejandro García Padilla indicó ayer que no cree necesario el establecimiento de una ley de acceso a la información para garantizar que estos documentos lleguen a la ciudadanía.
“(Una ley) que establezca lo que es público y no lo es son asuntos que ya están establecidos. No tengo problema nunca en analizar nuevas ideas, pero al día de hoy se está cumpliendo con lo que la jurisprudencia ha determinado que es público”, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de Metro en una conferencia de prensa.
Se estima que sobre 85 países en el mundo han implementado algún tipo de ley de acceso a la información con el propósito de establecer que esta debe ser accesible gratuitamente, eliminando excepciones estandarizadas. En Estados Unidos existe el Freedom of Information Act, que establece el acceso a los datos del Gobierno federal, con excepciones sobre todo en datos de seguridad. Aun así, hay estados que han aprobado una legislación de acceso a la información estatal para garantizar que se pueda solicitar y que llegue a los ciudadanos.
Uno de los informes que se ha solicitado al Gobierno y no ha sido difundido lo es el análisis realizado por la firma KPMG para desarrollar la reforma contributiva, que todavía no ha sido presentada. Tampoco se han publicado los informes de reestructuración económica realizados por tres firmas extranjeras para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), razón por la que el representante José Enrique Meléndez demandó al Gobierno. Y la oficial de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, Lisa Donahue, ya anticipó que no piensan difundir el plan de negocios de la corporación pública, que debe ser presentado en diciembre.
Cuando este medio le preguntó al gobernador en qué momento ordenaría la publicación de los informes, este aseguró que “nosotros estamos cumpliendo” con lo que el Tribunal Supremo ha establecido es público o no.
“Cuando yo me reúno con una parte o con un contratista que está trabajando en esos informes y me presentan un borrador y yo les cuestiono sobre un dato o les pido que vayan más lejos en cuanto a uno de los elementos, ellos regresan a su mesa de trabajo y continúan trabajando sobre el tema. En su momento, cuando sea final, se hace público”, sostuvo.
Agregó que lo que son “documentos de trabajo” no son públicos, a pesar de que son financiados con fondos públicos. El primer ejecutivo no entró en detalles de las categorías en las que caen los informes solicitados.
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