Reina la cultura de la falta de transparencia
Derecho. La norma general es que toda la información generada, recibida y custodiada por el Gobierno es pública por su naturaleza y debe estar accesible a la ciudadanía en general.
Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez
El debate sobre la transparencia y el derecho a la información pública se ha recrudecido en días recientes debido a una serie de eventos en los que el Gobierno ha mantenido confidencialidad respecto a varios informes comisionados con dinero público.
Entre estos informes se destaca el que preparó la agencia KPMG, sobre las recomendaciones para la Reforma Contributiva que actualmente se discute en el país. Si bien este informe fue enviado a la Fortaleza el viernes 2 de noviembre aún se desconocen las recomendaciones en términos contributivos que KPMG sugirió para la isla. “El tema de la Reforma Contributiva es sumamente importante y el informe todavía no es público y necesitamos que lo hagan público”, sentenció Nuria Ortiz, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, iniciativa que busca fortalecer la capacidad de los individuos para participar en los procesos gubernamentales e institucionales.
Otro caso es el del Departamento de Educación (DE) quecontrató a la firma Boston Consulting Group (BCG) para una análisis del sistema educativo y las recomendaciones no se dieron a conocer hasta que la agencia compareció al Senado. Este informe sugiere que se cierren el 42 % de los planteles para atajar la deuda pública
Por su parte, esta semana la oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, anunció que el plan de negocios a cinco años de la corporación pública que se presentará el 15 de diciembre será exclusivo para los bonistas y la versión pública no se conocerá hasta marzo de 2015, determinación que Ortiz catalogó de absurda debido a que “primero porque no solo el salario (de Donahue) es pagado con fondos públicos sino que el informe se pagará con fondos públicos y básicamente esto significa que la información y el estudio que se haga tiene que ser público”.
Estas acciones, Ortiz se las atribuye a la “falta de una cultura de transparencia con la que hemos vividos por décadas y décadas” y que muchas veces se dan por la falta de conocimiento que hay sobre el derecho constitucional al acceso a la información pública. “Esto puede cambiar si cada persona que requiera información levanta su voz para exigir el acceso a la misma. Es un hecho que somos muchos los que queremos un mejor país y para eso es necesario una mejor política pública que se fomenta con la participación ciudadana en la toma de decisiones en el gobierno”, concluyó Ortiz.
A estos eventos se une el hecho de que la divulgación del Índice de Actividad Económica realizado por Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es los viernes en la noche.
De hecho, el Gobierno de Puerto Rico obtuvo dos de un total de 12 puntos posibles en el informe del Open Goverment Partnership (OGP), iniciativa que busca mejorar el desempeño gubernamental. La clasificación sitúa a la isla en un nivel de transparencia inferior al de Afganistán, que obtiene un 9 de 16 puntos.
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