Opinión: Elecciones a billetazos: ¿Quién paga más?
La palabra reforma asusta a más de uno, por lo menos en estas latitudes. Y no es para menos. En Puerto Rico, el término ha servido para promover cambios que…
Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel
La palabra reforma asusta a más de uno, por lo menos en estas latitudes. Y no es para menos. En Puerto Rico, el término ha servido para promover cambios que, en ocasiones, suponen un remedio peor que la enfermedad.
Por esto, cuando comenzamos a escuchar la idea de promover una reforma electoral, no pude evitar colocarme a la defensiva. Ya la isla ha experimentado “reformas” en nuestro sistema electoral, y los cambios promovidos quizá han eliminado unos problemas, pero han acercado otros.
No estamos solos en la búsqueda de un sistema electoral limpio. El mundo entero ha buscado históricamente maneras de promover una apertura al proceso electoral y a su vez combatir la corrupción que, en ocasiones, tiene como raíz el proceso de búsqueda de fondos para las campañas. También la manera de reducir los gastos, sobre todo en momentos en que a los ciudadanos se nos pide hacer limonada con los limones que quedan en esta finca que últimamente ha tenido una cosecha reducida. Pero conciliar todos esos intereses no es tarea fácil. ¿Cómo promover una mayor participación de opciones electorales (distintas a los rojos verdes y azules) sin que esto suponga un enorme gasto para el erario? ¿Cuánto dinero debe dar el Estado a los partidos políticos? ¿Cuánto dinero privado debe admitirse en el juego político? Todas son preguntas cuyas respuestas requieren un análisis ponderado con la mayor frialdad posible.
La última de las preguntas, esa que nos hace pensar sobre si debemos admitir aportación privada a las campañas políticas, me parece que requiere un análisis detenido. Y es que me luce que, a la hora de intentar combatir la corrupción en las altas esferas, el clientelismo político, la otorgación de contratos inexplicablemente adjudicados y la aportación privada juegan un importante papel. Es sencillo. ¿Se cree usted el cuento de que los intereses privados donan dinero a las campañas por amor al arte, por simple simpatía con los candidatos o como un inexplicable acto de desprendimiento? Si lo cree, mi amigo, necesita un fuerte baño de realidad.
Es precisamente la aportación privada a las campañas políticas la raíz de los principales casos de corrupción. ¿No le parece lógico? Piénselo. O busque en nuestra historia reciente. ¿Qué ganan aseguradoras, constructores y empresarios donando miles de dólares a aspirantes a cargos públicos? No se trata de un lugar en el cielo o un premio como filántropos. Se trata, sin lugar a dudas, de acceso a las altas esferas del poder político. A la toma de decisiones que favorezcan los intereses que representan. A voz y voto (tras bastidores, claro está) a la hora de poner nombre a los funcionarios de gobierno. O tal vez vía libre para la aprobación de proyectos que les beneficien, contratos de adquisiciones, obra pública o permisos.
Muchas de esas retribuciones no son evidentes ante las autoridades y escapan a nuestro mecanismo de fiscalización. O acaso no le suenan familiares las famosas aportaciones de intereses privados a campañas electorales violando los topes de la Ley Electoral.
Por esto, si una reforma electoral pretende ser verdaderamente revolucionaria a la hora de atacar la corrupción que carcome los bolsillos rotos de las finanzas públicas, debe no solo garantizar mayor acceso de las minorías a posiciones electas, sino también atender con seriedad el asunto del financiamiento privado. Tal vez será necesario retomar la discusión sobre la conveniencia de un modelo de financiamiento híbrido o quizá la eliminación total de la aportación privada, sustituyéndola por campañas financiadas con dinero público —limitado— que garantice igualdad de recursos y acceso a medios a quienes aspiren a dirigir nuestros destinos. Un modelo que garantice un sistema electoral en el que los colmillos del capital privado no guisen en la danza de los millones, millones tuyos y míos. A ver si la reforma va en serio.
Vea también estas notas:
