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title: "Opinión: Deber del Estado proteger a todos y todas"
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section: "Noticias"
author: "Rafael Morales @RafaelMoralesPR"
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published: "2014-11-11T03:00:00.000Z"
updated: "2022-02-21T04:16:37.670Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Opinión: Deber del Estado proteger a todos y todas

_En momentos en que la comunidad LGBTT lucha por disfrutar de todos los derechos que dispone la Constitución, el trato desigual que reciben por parte de la…_

Por Rafael Morales @RafaelMoralesPR · Noticias · 2014-11-11T03:00:00.000Z

En momentos en que la comunidad LGBTT lucha por disfrutar de todos los derechos que dispone la Constitución, el trato desigual que reciben por parte de la Policía gays y lesbianas víctimas de violencia de pareja es sumamente alarmante.

Según un reportaje publicado ayer por este diario, solo un puñado de querellantes de esta comunidad figura en las estadísticas de violencia doméstica de la Uniformada. Esto puede deberse a varios factores.

Aunque la Ley 54 de Violencia Doméstica ofrece protección a todo tipo de pareja, todo apunta a que en la Policía ha habido resistencia a atender querellas cuando los protagonistas son dos hombres o dos mujeres.

El caso reseñado en el reportaje de Metro, en el que dos policías se negaron a intervenir en una situación violenta entre una pareja de dos hombres, evidencia que la Uniformada necesita un entrenamiento apropiado para atender estos casos.

Según la abogada Ada Conde, a pesar de las evidentes señales de violencia, los agentes solo preguntaron si existía un documento que demostrara que se trataba de una pareja. Con su actitud los policías incumplieron con su deber de proteger a toda víctima de violencia de pareja y fueron negligentes al no intervenir con el agresor.

Entrevistada por este medio, la directora de la División de Violencia Doméstica de la región de Bayamón, la teniente Aimeé Alvarado, admitió que se pueden dar casos en que la Policía no aplique de igual forma el protocolo de la Ley 54, aunque alegó que la Uniformada está entrenada para atender los casos.

Por otro lado, no debe sorprender que muchas víctimas de violencia de pareja no acudan a las autoridades. El estigma que involucra este tipo de situación se multiplica cuando una querella puede venir acompañada de actitudes de prejuicios y discrimen.

En un país donde no existe un documento —como el solicitado por el policía— que legitime la relación entre dos personas del mismo sexo, queda a discreción del agente de orden público dar paso a la querella de Ley 54. Y si ese agente está prejuiciado hacia las personas LGBTT, el agredido o la agredida se convierte también en víctima de quien está supuesto a protegerlo.

La situación con los casos de violencia entre parejas del mismo sexo pone de manifiesto la obligación que tiene el Estado de tomar acciones que garanticen la igual protección para todos los componentes de la comunidad LGBTT.

El reconocimiento legal de parejas en relaciones afectivas debe formar parte de la política pública del Gobierno. La pugna por el matrimonio igualitario en Puerto Rico se trasladó a Boston. Esa lucha con toda probabilidad llegará al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Mientras tanto, el gobernador Alejandro García Padilla tiene sobre sí el reto de tomar acción para que las parejas del mismo sexo en la isla tengan las mismas opciones y derechos que disfrutan las parejas heterosexuales. Gobernador, no vuelva a decir que rechaza todo tipo de discrimen. Demuéstrelo.

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