Pocos gays se quejan de abuso doméstico

Homofobia. De las más de 8,000 querellas que recibe la Policía sobre violencia doméstica, menos del 2 % corresponden a parejas del mismo sexo.

Por Juan Carlos Melo @melodicespr

9 nov 2014, 11:00 pm 3 min de lectura

A pesar de que la Legislatura extendió la protección de la Ley 54 de Violencia Doméstica para proteger a todo tipo de pareja sin que importe su estado marital u orientación sexual, miembros de la Policía de Puerto Rico parecen aún estar renuentes a aplicar este mandato de ley cuando se trata de parejas del mismo sexo.

La aseveración la establece la presidenta de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del Colegio de Abogados, Ada Conde, quien criticó la intervención de la Uniformada en un reciente caso de abuso doméstico entre dos hombres.

Según Conde, el pasado 24 de mayo, un profesional de la salud reportó a través del 9-1-1 que estaba siendo agredido por su pareja en su apartamento en los altos del condominio Chalets de Cupey en San Juan.

Al llegar la Policía —dos agentes del orden público— y observar la escena donde se notaba que ocurrió un acto de violencia, de acuerdo con las fotos presentadas a este medio por la licenciada, que mostraban sangre en el piso y en los muebles del apartamento, así como marcados moretones en el rostro de la víctima, los agentes optaron por dejar ir al aparente agresor sin radicarle ningún cargo.

“Si hubiera sido un caso entre parejas heterosexuales, ahí mismo se llevaban arrestado al agresor, lo llevaban directamente a la sala de investigaciones y le sometían cargos por violencia doméstica, agresión y hasta por tentativa de asesinato”, criticó la abogada y aseguró que los agentes se negaron a radicarle la querella bajo Ley 54 porque la víctima no suministró evidencia de que eran una pareja.

“Ellos (los agentes del precinto de Cupey) se negaron a radicarle la querella por violencia doméstica a pesar de que el agresor le había hecho gran daño a la víctima y, para colmo, le preguntaron: ‘¿Qué documento usted tiene de que son pareja?’”, denunció Conde.

En abril de 2013, la Legislatura enmendó la Ley de 54 del 15 de agosto de 1989 con el propósito de revertir una opinión del Tribunal Supremo que había determinado que el estatuto no debe albergar a las parejas del  mismo sexo.

Conde asegura que la acción de los dos agentes evidencia la homofobia y la falta de entrenamiento que hay en la Uniformada para trabajar con estos casos, lo que obliga a los homosexuales que son víctimas de violencia por parte de sus parejas a guardar silencio.

“Como este caso hay muchos y gran parte de ellos no llegan a la Policía”, declaró Conde.

Muestra de ello es que de las 8,865 querellas de víctimas de violencia doméstica que acumula la Policía en todo Puerto Rico, desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de septiembre, solo 157 son denuncias de parejas del mismo sexo. Las relaciones entre mujeres lideran la radicación de las querellas, indicó la teniente Aimeé Alvarado, directora de la División de Violencia Doméstica de la región de Bayamón.

Sobre el caso de abuso doméstico en Cupey, la abogada Conde dijo a Metro que ella lo refirió al comité que labora con la reforma de la Policía. “Dijeron que iban a investigar el asunto y no han hecho nada”.

A tales efectos, criticó el que se estén concentrando los esfuerzos de la reforma de la Policía en los nuevos cadetes “cuando el problema son los agentes que llevan años. A esos no se les ha dado entrenamiento”, sentenció Conde, quien hizo un llamado al superintendente de la Policía, José Caldero, para que eduque, con carácter de urgencia, a los miembros del cuerpo en los protocolos que dictan las enmiendas a la Ley 54.

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