Opinión: Cerco a la democracia
A último minuto y a toda prisa, como es costumbre en la Legislatura, se pretende hacerle un cerco a nuestra ya sacudida democracia con la aprobación de un par…
A último minuto y a toda prisa, como es costumbre en la Legislatura, se pretende hacerle un cerco a nuestra ya sacudida democracia con la aprobación de un par de medidas para enmendar el Código Electoral y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.
A simple vista, y en la envoltura demagógica del discurso populista, parecería que se intenta establecer una fórmula de control del gasto público al establecer nuevas normativas en la disposición de fondos para las campañas políticas en periodo electoral.
En tiempos de estrechez económica, y ante el reclamo continuo de la ciudadanía para limitar el gasto público, estas propuestas pudieran gozar de simpatía en algunos sectores del país, en particular entre quienes han denunciado la irracionalidad de que destinemos millones de dólares anuales para el mantengo de los partidos políticos.
Empero, la intención de estas medidas legislativas van más allá de “abaratar el costo del proceso electoral”, como expresan sus proponentes. Lejos de esa intención, el efecto de los Proyectos 1253 y 1254 representa un duro golpe al pluralismo político.
En síntesis, la finalidad que persiguen estas iniciativas, presentadas como proyectos del Ejecutivo, es imponer las reglas del mercado como requerimiento para legitimar la voluntad de aquellos y aquellas ciudadanas que deseen formular propuestas para mitigar los problemas sociales del país fuera de la estructura de los dos tradicionales partidos políticos de mayoría.
Esta intención queda expresada en las nuevas exigencias que se imponen a los denominados partidos minoritarios para acceder a los fondos públicos disponibles por ley para el financiamiento de sus campañas en periodos electorales.
De aprobarse el nuevo estatuto, como se prevé, todas las organizaciones políticas vendrán obligadas a mostrar su capacidad de recaudación como requisito para obtener fondos públicos. Quiere decir que si un partido político no recauda un cuarto de millón de fondos privados no obtendrá el beneficio de recibir el millón de dólares que se dispone de aportación para sufragar los gastos de su campaña.
Peor aún, además de esa cuantía deberá colectar $100,000 de aportaciones privadas previo a recibir la contribución destinada para sus gastos operacionales. Se trata de requisitos muy onerosos para las colectividades pequeñas y de recién creación.
Bajo estas nuevas reglas, la voluntad ciudadana de incidir en el proceso electoral queda sometida al esquema de recaudación de fondos lo que, en consecuencia, estaríamos cercando el derecho al voto a la perpetuación del bipartidismo. Esto es muy peligroso.
No es secreto que nuestro sistema político se ha viciado de la intervención de grupos privados que, a cuesta de sus aportaciones económicas a partidos y candidatos, se han convertido en regidores de la política pública del país. En ese sentido, quién más dinero aporta a una colectividad logra mayor acceso al poder viabilizando la aprobación de proyectos y contratos para engordar sus arcas.
Reflexionemos, por ejemplo, en los escándalos de corrupción gubernamental que durante las últimas décadas han arrancado titulares noticiosos y que son ejemplos de los males del inversionismo político.
La preocupación mayor, sin embargo, es cómo esta intención legislativa busca impedir el libre ejercicio de la actividad política ciudadana al poner trabas económicas a la existencia de partidos políticos que puedan representar nuevas opciones a la alternancia de las dos colectividades que han dominado la escena partidista y gubernamental por casi seis décadas.
Estas propuestas son un ataque a la diversidad, una embestida contra las formaciones pequeñas, un obstáculo a la presencia de nuevos contendientes en la arena política
y un intento por convertir en inútil el voto disidente.
Con estas medidas, el contubernio de los políticos del país le otorgará primacía total a la perpetuidad del monopolio de los dos partidos tradicionales. Los mismos de siempre continuarán jugándose la sucesión del poder gubernamental sin mayores oposiciones.
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