Doral solicita detener investigación legislativa
Doral Financial Corporation presentó hoy una demanda de sentencia declaratoria en contra de la Cámara de Representantes para que detenga la investigación sobre…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
Doral Financial Corporation presentó hoy una demanda de sentencia declaratoria en contra de la Cámara de Representantes para que detenga la investigación sobre el acuerdo entre Doral Bank y el Departamento de Hacienda (R. de la C. 1071)—que redundó en un reembolso de $229.8 millones para la institución bancaria— debido a que, entre otras cosas, el tema está en discusión en los tribunales.
En un documento de seis páginas, los abogados de Doral, Francisco González y Ferdinand Ocasio, solicitan al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que detenga la investigación legislativa porque “carece de jurisdicción para solicitar la información que pretende descubrir y para citar a los empleados de Doral para fines ajenos a los expuestos autorizados en la RC 1071”.
Esta investigación, según la parte demandante, trastoca “la habilidad” de Doral de “hacer negocios y representa un menoscabo sustancial de sus derechos, sin mencionar el beneficio para sus competidores que, mediante los esfuerzos de la parte demandada, podrán adquirir acceso a información sensitiva sobre los negocios de la demandante”.
González y Ocasio piden, además, que se “limite el alcance de la investigación (legislativa) a lo ordenado por la resolución”, que es investigar los procesos, manejos, participación de funcionarios y disposición de la transacción por la cual Doral solicitaba el reembolso millonario, y que “salvaguarde los privilegios y la confidencialidad que cobija la información indebidamente solicitada por la parte demandada (la Cámara)”.
Y es que los abogados consideran que, como ya la jueza superior Laureana Pérez Pérez concedió a Doral la validez del acuerdo con Hacienda y declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración por parte del Gobierno, la petición de información confidencial por parte de la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción de la Cámara (que investiga la transacción) constituye “una violación a la separación de poderes con fines ilegítimos”.
Según los licenciados, la investigación legislativa debe limitarse a los procedimientos que se llevaron a cabo en Hacienda, ya que pedir información a Doral puede constituir una violación a los privilegios de secretos de negocio, abogado-cliente y contable-cliente, entre otros.
La demanda es parte de las acciones que Doral advirtió que tomaría luego de que el Gobierno decidiera anular el reembolso de $229.8 millones, otorgado en 2012. Además de la demanda contra el Gobierno, en la cual salió triunfante, el banco demandó a uno de los testigos de Hacienda en el caso. Se trata del otrora principal oficial financiero del banco, el contador público autorizado Lidio Soriano Cabrera, a quien se le imputa “incumplimiento de contrato y daños y perjuicios”.
